Chile registró una tasa de desempleo de 9,4% en el trimestre móvil marzo-mayo, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Es la cifra más alta desde 2021 y implica que cerca de un millón de personas no tiene trabajo en el país.

El Gobierno atribuyó el deterioro a la gestión anterior. El ministro del Trabajo apuntó al "aumento de costos laborales" registrado en los últimos cuatro años, mientras el ministro de Economía sostuvo que "Chile sigue pagando los costos de años de malas políticas públicas".

La misma semana, el Senado debatió la acusación constitucional presentada contra Nicolás Grau, exministro de Economía del gobierno anterior. Este mecanismo, contemplado en la Constitución para destituir a autoridades por notable abandono de deberes, había ocupado semanas de trabajo previo en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la acusación no contó con respaldo de académicos, abogados ni economistas, y el Consejo Fiscal Autónomo, organismo encargado de evaluar la política fiscal del país, cuestionó sus fundamentos. Finalmente reunió apenas 16 votos a favor en el Senado, lejos del quórum necesario para prosperar.

Un día después, el INE publicó el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de mayo, que cayó 0,9%. La cifra confirma el deterioro de las expectativas que comenzó en marzo, cuando asumió el actual ministro de Economía en medio de un alza en el precio de los combustibles conocida como "bencinazo", y deja a la economía al borde de una recesión técnica. "Recibimos una economía estancada y golpeada", señaló el ministro para justificar el resultado.

Horas más tarde, el Comité de Auditoría del Gobierno denunció "graves irregularidades financieras" en la administración anterior. Según el organismo, más de $1,4 billones de pesos transferidos a fundaciones entre 2022 y 2026 no cuentan con rendición de cuentas acreditada, y llegó a mencionar un eventual fraude.

El informe fue cuestionado por el mundo académico. Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, advirtió que el documento "se basa en información parcial" y "no permite sostener conclusiones sobre eventuales usos irregulares de recursos". Según el académico, tampoco resiste un ejercicio mínimo de consistencia entre las fuentes contables del propio Estado.

A diferencia de un dictamen de la Contraloría General de la República, el organismo autónomo que fiscaliza el uso de fondos públicos en Chile, el informe del Comité de Auditoría no tiene efectos vinculantes. Por ahora, su peso es político antes que técnico.