El complejo caso que afecta a la ministra de Seguridad Ha sido un foco de mucha complicación para el gobierno el que todavía no se haya logrado dar con una versión definitiva de por qué se removió a la exjefa de inteligencia de la PDI, alimentando todo tipo de suspicacias. Cabe esperar que la comparecencia del director de la institución ante el Congreso despeje las dudas en forma definitiva.
Los cuestionamientos de que ha sido objeto la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, a raíz de las confusas versiones que existen respecto de las razones que llevaron a solicitar la renuncia de la exjefa de inteligencia de la PDI Consuelo Peña -tercera en la línea del alto mando, y que por su extensa trayectoria incluso contaba con el potencial para llegar a ser la primera mujer en ocupar la dirección general- han abierto un delicado flanco para el gobierno del Presidente José Antonio Kast, todo lo cual desde luego ha impedido que en este tiempo se haya podido desplegar una agenda en materia de seguridad, uno de los ejes centrales de su mandato. Apenas asumida en el cargo, la ministra solicitó antecedentes pormenorizados a la PDI para indagar sobre las razones que tuvo la exjefa de inteligencia para ordenar el traslado de cuatro funcionarios a distintas zonas del país, quienes eran cercanos a Steinert en los tiempos que se desempeñó como fiscal regional en la zona norte.
El oficio fue respondido por la funcionaria, explicando las razones, y llamó la atención que respecto de un subprefecto señalara que este presentaba algunos problemas de competencia para el cargo en dicha zona. Lo cierto es que apenas recibida la respuesta se cursa la renuncia de Peña, ante lo cual la versión de Steinert es que ello se trató de una decisión que adoptó el propio director de la PDI, Eduardo Cerna, y que ella no tiene “rencillas con nadie”.
Dicha versión fue respaldada esta semana por el propio Presiente Kast, trasladando así la responsabilidad a Cerna, quien este lunes deberá comparecer ante una comisión del Congreso para ahondar sobre este hecho, donde sectores de oposición siguen manteniendo dudas acerca de la neutralidad de Steinert en este caso. Llama profundamente la atención que transcurridas más de tres semanas desde que la funcionaria de la PDI fuera removida todavía no haya sido posible despejar en forma clara y definitiva las razones de esta abrupta decisión, dejando en el aire una serie de interrogantes, abriendo con ello todo tipo de suspicacias, especialmente si pudo haber habido presiones desde la propia ministra de Seguridad para forzar su salida, lo que exigen su pronta aclaración.
Desde luego, si fue una decisión que adoptó el propio director de la PDI, no deja de ser llamativo que ello tenga lugar cuando apenas en septiembre pasado él mismo confirmó el nuevo alto mando de la PDI, incluyendo a Peña en el estratégico cargo de jefa de inteligencia. Es por tanto relevante despejar en qué momento Cerna tomó conocimiento de los antecedentes que justificaron su remoción, los que aún no se conocen, pero respecto de los cuales cabe suponer que deberían ser lo suficientemente comprometedores si es que dieron pie a su baja.