El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago condenó este martes a Schafik Nazal, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), y a Juan Antonio Poblete, ex ministro de la Corte de Apelaciones, por intervenir ilegalmente las comunicaciones de un periodista y de militares que habían denunciado corrupción. Ambos recibirán cinco años de libertad vigilada intensiva.

En un procedimiento abreviado, los imputados se declararon culpables de quince delitos de interceptación ilegal de comunicaciones y de dieciocho delitos de falsedad ideológica, es decir, haber consignado información falsa en documentos públicos para obtener autorizaciones judiciales con apariencia de legalidad.

Los hechos ocurrieron entre 2016 y 2018. Nazal y Poblete solicitaron al tribunal que los autorizara a interceptar teléfonos, argumentando que los números correspondían a supuestos agentes extranjeros que amenazaban la seguridad nacional. En realidad, los números pertenecían al periodista Mauricio Weibel, conocido por sus investigaciones sobre irregularidades en las Fuerzas Armadas; al capitán en retiro Rafael Harvey, quien había denunciado actos de corrupción; y a otros funcionarios con quejas por malos tratos dentro de la institución.

La justicia estableció que esas interceptaciones no cumplían los requisitos legales para actividades de inteligencia, cuyo objetivo es resguardar al Estado de amenazas como el terrorismo, el crimen organizado o el narcotráfico. Al obtener autorizaciones con información falsa, los condenados mantuvieron una fachada de legalidad mientras espiaban a quienes denunciaban irregularidades dentro del propio Ejército.

El caso, conocido como "Operación Topógrafo", cuenta con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) como querellante desde diciembre de 2023. El organismo sostuvo que los acusados utilizaron el Sistema Nacional de Inteligencia para vulnerar el derecho a la privacidad y la libertad de expresión. Las escuchas se renovaron en sucesivos períodos, lo que permitió el monitoreo prolongado de las comunicaciones privadas. La sentencia formal se conocerá el próximo 2 de julio.