En nuestro paÃs, la Ley N° 20.009 (Ley de Fraudes) limita la responsabilidad de los usuarios ante el hurto, robo, extravÃo o fraude de tarjetas de pago y transacciones electrónicas; por tanto, se obliga a los bancos -una vez que el cliente da aviso por un canal de emergencias y realiza la respectiva denuncia- a restituir los fondos en los plazos estipulados en la normativa. Lo anterior, en un contexto general de que son las entidades financieras las responsables de resguardar los dineros e implementar las medidas de ciberseguridad ligadas a las operaciones de pago y transacciones.

Sin embargo, los bancos han detectado que inescrupulosos realizan los denominados “autofraudes”: realizan una compra, pago o transferencia y luego aseguran al banco que nunca realizaron aquello, con el objetivo de que este les restituya los montos. Sin ir más lejos, en 2024 el BancoEstado denunció ante la justicia un esquema masivo y sistemático de “autofraudes”, en el que acusó más de siete mil casos.

Desde la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) han aludido a las modificaciones que se hicieron a la Ley en el año 2020, donde se determinó que el monto lÃmite para restituir operaciones desconocidas, sin mayores trámites, se fijara UF 35 (las entidades han emplazado que se rebaje a UF 15, para desincentivar el mal uso de la norma). Han señalado, en esa lÃnea, que desde hace seis años aumentaron los mencionados autofraudes, con personas que afirman -falsamente- desconocer transacciones hechas desde sus cuentas, para luego obtener un reembolso en un plazo de entre 10 a 15 dÃas, dependiendo de la transacción.

BancoEstado y Ministerio Público crean Mesa Intersectorial contra Fraude Transaccional A principios de junio, BancoEstado y el Ministerio Público sostuvieron una reunión con el objetivo de fortalecer mecanismos para la prevención y detección de ilÃcitos económicos; y combatir el fraude que afecta la fe pública y abre la puerta al crimen organizado. El dÃa de la reunión, comunicó BancoEstado, planteó que una de sus prioridades era el seguimiento a una querella que presentó en 2024.

En ella, denunció un esquema masivo y sistemático de “autofraudes”. Dicha causa comprende más de 7.000 casos que responden a un mismo patrón de fraude, relató.