El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella criminal contra el abogado Luis Hermosilla Osorio, presentada por la abogada Karina Riquelme Viveros en representación de José Tralcal Coche, comunero mapuche condenado en el caso Luchsinger-Mackay. La acción penal lo acusa de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia.

El caso Luchsinger-Mackay se originó en enero de 2013, cuando un incendio en el fundo Lumahue, en la comuna de Vilcún, región de La Araucanía, provocó la muerte del matrimonio Werner Luchsinger y Vivianne Mackay. El hecho, atribuido a comuneros mapuche conflicto por tierras en la zona, derivó en un proceso judicial que tuvo tres juicios y que en 2018 llegó a la Corte Suprema mediante un recurso de nulidad.

La querella se sostiene en mensajes extraídos del propio teléfono de Hermosilla, en los que el abogado preguntó a su intermediario José Ramón Correa "Tú más amigo de la sala penal quien es?", consulta que Correa respondió señalando al ministro Manuel Valderrama, integrante de la Segunda Sala de la Corte Suprema, instancia que en esas fechas revisaba el recurso de la defensa.

En otro mensaje, Hermosilla instruyó de forma directa: "Necesitamos que se rechace la nulidad del caso Luchsinger", y agregó que la decisión era clave para "avanzar en el proceso de pacificación de la región", advirtiendo que "un cuarto juicio sería fatal".

Los registros muestran además una secuencia de gestiones concretas. El 9 de agosto de 2018, Correa instó a Hermosilla a llamar directamente a Valderrama. Hermosilla confirmó haber realizado esa llamada, calificándola de "buena" y precisando que fue "de emergencia para transmitir el mensaje". Correa reportó luego que el ministro "estaba agradecido del llamado" y le entregó información sobre la ausencia de otros integrantes de la sala, entre ellos el ministro Hugo Dolmetsch.

Dos meses después, el 10 de octubre de 2018, la Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad y confirmó las condenas contra los comuneros mapuche, aunque redujo las penas al descartar la calificación de delito terrorista. El expresidente Sebastián Piñera había manifestado públicamente su satisfacción por el fallo condenatorio antes de que este quedara firme.

El caso Luchsinger-Mackay se encuentra además bajo examen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la Organización de Estados Americanos, por presuntas irregularidades en el debido proceso durante los juicios contra los comuneros. Esta nueva querella se suma a otras causas que enfrenta Hermosilla, quien también ha solicitado que la fiscal Ángela Parra declare sobre chats que mantuvo con él, la investigación más amplia que lo tiene como principal imputado desde 2024.