La cuenta es precisa: 9.653 empleos que no se crearon en la región del Biobío durante 2024, bloqueados por un sistema de permisos que en esta región toma casi el doble del tiempo que en el promedio nacional. Un estudio de la Universidad San Sebastián cuantificó ese costo en US$100 millones, y la inversión validada ese año cayó un 48% respecto al promedio histórico.

El resultado se ve en el mercado laboral. La región lleva seis meses consecutivos como la zona con mayor desempleo del país. La tasa llegó al 10% en el trimestre enero-marzo de 2026, más de un punto por encima del promedio nacional de 8,9%. Si se suma el subempleo, quienes trabajan menos horas de las que necesitan, y la fuerza laboral potencial, el indicador escala al 19,8%.

El cuello de botella está en los tiempos. Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), el análisis que el Estado exige antes de autorizar proyectos que puedan afectar el medioambiente, tardan en el Biobío un promedio de 1.870 días. El promedio nacional es 1.000 días, y ya se considera alto. La región lo duplica.

Los casos concretos ilustran lo que significan esos números. El proyecto MAPA de Arauco, una planta de celulosa de última generación ubicada en la provincia del mismo nombre, tardó 14 años desde su presentación hasta iniciar operaciones, a pesar de haber sido aprobado por unanimidad en el SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la institucionalidad que revisa y autoriza proyectos de inversión en Chile). Para dimensionar la diferencia: el mismo grupo ejecutó un proyecto equivalente en Brasil en 18 meses.

El parque eólico Viento Sur tiene su RCA (Resolución de Calificación Ambiental, el permiso definitivo que autoriza la operación de un proyecto) aprobada, pero lleva seis años paralizado en disputas judiciales. El proyecto de minerales de tierras raras en la ciudad de Penco, clave para fabricar las baterías de vehículos eléctricos, fue aprobado en junio de 2026 tras tres años de tramitación y ya enfrenta el riesgo de una nueva judicialización. En total, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) de Los Ángeles contabiliza US$951 millones en inversiones detenidas o retrasadas en la región.

El gobierno tiene una respuesta. La megarreforma de permisología propone una Plataforma única SUPER, un sistema digital que centralizaría la gestión de todos los permisos en un solo lugar, el silencio administrativo como regla cuando el Estado no responde en plazo, y una reducción de los tiempos de tramitación de entre 30% y 70%.

Pero el centro de análisis Pivotes advierte que la reforma es necesaria y no suficiente. No hay propuestas contundentes en capital humano, productividad ni capacidad del Estado. Simplificar los plazos no resuelve la falta de funcionarios capacitados para tramitar los permisos ni la cultura de judicialización que paraliza proyectos con resolución favorable.

La región tiene los ingredientes para revertir la situación. Cuenta con una base universitaria sólida, proyectos en energías renovables, minerales críticos y manufactura avanzada en cartera. Lo que falta, según el diagnóstico del sector privado y la academia, es articulación entre los tres actores que raramente trabajan en conjunto: la academia, el Estado y la empresa privada.

Un modelo de lo que puede funcionar ya opera en la región. El Centro de Manufactura Avanzada e Industria 4.0, alianza entre la Universidad de Concepción (UdeC), la Universidad del Bío-Bío (UBB), la siderúrgica Huachipato y la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), trabaja con una inversión de $15.000 millones y proyecta más de 1.360 servicios tecnológicos para el sector industrial regional.