Por los delitos de asociación criminal, cohecho, soborno, lavado de activos y obtención fraudulenta de licencias de conducir fueron formalizadas diez personas detenidas en el marco de una investigación liderada por la FiscalÃa de Alto Hospicio junto a la PolicÃa de Investigaciones (PDI). Según los antecedentes expuestos durante tres jornadas de audiencia en el Juzgado de GarantÃa de Alto Hospicio, la organización criminal operaba desde 2022 y estaba integrada por particulares y funcionarios de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Alto Hospicio, quienes facilitaban la obtención irregular de licencias de conducir a cambio de pagos que fluctuaban entre los 600 mil y un millón de pesos.
El fiscal jefe de Alto Hospicio, Guillermo Arriaza, indicó que el tribunal dio por acreditados los delitos formalizados y acogió la mayorÃa de las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. La investigación, desarrollada por las Brigadas Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) y de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, estableció que la estructura era liderada por una mujer identificada con las iniciales N.X.V.A., quien junto a su cónyuge e hijos coordinaba el pago de sobornos a funcionarios municipales para agilizar y aprobar trámites de licencias de conducir de personas que no cumplÃan con los requisitos legales.
Además, la imputada habrÃa coordinado con una trabajadora de una escuela de conductores de Iquique la obtención de certificados de aprobación de cursos de conducción, documentos exigidos para acceder a licencias profesionales. De acuerdo con la FiscalÃa, quienes recurrÃan a esta red obtenÃan licencias sin rendir exámenes teóricos o prácticos, sin realizar los cursos correspondientes en el caso de licencias profesionales y, en varios casos, utilizando certificados de residencia falsificados.
Ocho imputados quedaron en prisión preventiva El tribunal decretó la prisión preventiva para ocho de los imputados, incluyendo a la presunta lÃder de la organización, su núcleo familiar y dos funcionarios municipales, al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. En tanto, otros dos funcionarios públicos quedaron privados de libertad por peligro de fuga, bajo caución económica fijada por el tribunal, mientras que un tercer funcionario quedó sujeto a arresto domiciliario total.
Respecto de estas últimas decisiones, la FiscalÃa presentó recursos de apelación verbal, por lo que será la Corte de Apelaciones la que determine finalmente las medidas cautelares que deberán cumplir. Por su parte, la imputada vinculada a la escuela de conductores quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total.