Los nuevos desafíos tras la Ley de Desalinización EDUARDO BITRAN Académico facultad de ingeniería Universidad Adolfo Ibáñez Luego de ocho años de tramitación, se publicó la nueva Ley de Desalinización, que introduce cambios relevantes en la regulación hídrica del país. El proyecto, originado en el Senado, busca enfrentar la creciente escasez hídrica derivada de la crisis climática y facilitar el desarrollo de proyectos multipropósito y multiusuario, reduciendo la duplicación de infraestructura y los impactos ambientales.
Hasta ahora, la mayoría de los proyectos de desalinización se han desarrollado bajo esquemas de integración vertical y uso exclusivo, especialmente en minería. Ello ha generado redundancias en plantas, ductos e impulsiones, desaprovechando economías de escala y elevando tanto los costos como las externalidades ambientales.
“La estrategia nacional debiera incorporar también proyectos de reutilización de aguas servidas tratadas, que en muchos casos permiten soluciones ambientalmente más sustentables y significativamente más económicas”. La nueva ley crea una concesión especial de desalinización, adicional a la concesión marítima otorgada por Directemar.
Esta nueva concesión, otorgada por el Ministerio de Defensa con informe vinculante de la Dirección General de Aguas (DGA), permitirá constituir servidumbres para ductos e infraestructura asociada, reduciendo riesgos y costos para desarrolladores que no poseen concesiones sanitarias. Asimismo, la ley encarga a la DGA la responsabilidad de la elaboración de una Estrategia Nacional de Desalinización, coordinada con diversos ministerios y gobiernos regionales.
Sin embargo, organismos como el Banco Mundial y la OCDE han advertido desde hace años la necesidad de avanzar hacia una gobernanza hídrica más integrada. Chile mantiene una institucionalidad extremadamente fragmentada, con superposición de funciones regulatorias, ambientales y de planificación.