El dictamen publicado este jueves por la Contraloría General de la República complicó la posición de Trinidad Steinert, exministra de Seguridad Pública del gobierno de José Antonio Kast. El organismo fiscalizador concluyó que Steinert excedió sus atribuciones al requerir información sensible sobre una investigación penal activa, apenas 48 horas después de asumir su cargo el 11 de marzo.

La controversia tiene su origen en la remoción de Consuelo Peña, exsubdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Los diputados Raúl Leiva, del Partido Socialista (PS), y Patricio Pinilla, de la Democracia Cristiana (DC), recurrieron por separado a la Contraloría para obtener un pronunciamiento sobre ese episodio. El dictamen validó la salida de Peña como ajustada a derecho, pero al mismo tiempo dejó expuesta a la exministra en un terreno más delicado.

El punto crítico es el oficio reservado N° 28, a través del cual Steinert pidió a la PDI una nómina detallada de funcionarios de una Brigada Antinarcóticos vinculados a una causa con un RUC (Rol Único de Causa, identificador que la justicia asigna a cada proceso judicial) específico: la investigación al denominado "Clan Chen" en Iquique. La Contraloría determinó que esa solicitud violó el principio de abstención, la obligación que tienen las autoridades de no interferir en investigaciones penales en curso.

Para el diputado Leiva, la gravedad no reside solo en el acto, sino en quién lo cometió. "La promesa de seguridad cifrada en una ministra que asume y utiliza su cargo fuera del marco de sus atribuciones, transgrediendo el principio de abstención, es un hecho gravísimo en sí mismo, pero que se encuentra agravado por la circunstancia de ser cometido por la principal autoridad de seguridad pública en nuestro país", declaró el parlamentario. Leiva anticipó que evaluarán "la responsabilidad política y administrativa que corresponda, no descartando de plano ninguno de los elementos que la Constitución flanquea".

Pinilla fue más taxativo. El diputado rechazó que una disculpa o la salida del cargo sean respuesta suficiente al dictamen, y exigió un pronunciamiento claro del Gobierno de que no se volverá a intervenir en investigaciones policiales. Trazó además un paralelo directo con la acusación constitucional que enfrentó Nicolás Grau, exministro de Economía del gobierno de Gabriel Boric: "Por mucho menos se acusó al ministro Grau. Por lo tanto, es razonable que se deba evaluar la posibilidad de una comisión investigadora, o quizás de una nueva acusación constitucional", planteó el diputado DC.