El Ministerio Público de República Dominicana desmanteló una red que, desde el entorno del Instituto Oncológico Regional del Cibao, habría desviado fondos públicos destinados a tratamientos de cáncer en el Cibao, afectando tanto al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) como a pacientes oncológicos y al propio Estado. El operativo, conocido como Onco14, permitió la incautación de dinero en efectivo, vehículos, documentos y dispositivos electrónicos, marcando el último capítulo de una investigación que involucra a exdirectivos de la institución y empresas fachada, según informaciones de Listín Diario.
Los fiscales sostienen que, a través de compañías y fundaciones vinculadas a los implicados, se desviaron recursos del régimen subsidiado de salud. La pesquisa identifica como cabecillas a Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, y a Luisa Yasiris Guzmán, quien figura como presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También se imputa a Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta y exvicepresidenta y auditora del patronato. PUBLICIDAD La acusación describe un mecanismo sostenido en el tiempo, orientado a apropiarse de aportaciones estatales y recursos económicos que debían llegar a pacientes oncológicos vulnerables.
Empresas como Vargas Lora & Asociados —actualmente Vargas Guzmán Accounting Center— aparecen en el expediente como instrumentos del supuesto fraude, según el Ministerio Público citado por Listín Diario. Permanencia irregular y control institucional Uno de los elementos que, según los fiscales, permitió la consolidación del esquema fue la prolongada permanencia de Lora Cruceta al frente de la presidencia del Instituto Oncológico Regional del Cibao.
La investigación señala que ocupó ese cargo durante casi siete años, cuando los estatutos solo autorizaban dos. Esta situación habría facilitado el manejo discrecional de fondos y la continuidad de las operaciones bajo sospecha.