La bancada de diputados de Renovación Nacional anunció el ingreso de un proyecto de ley que introduce una profunda modernización al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), con el objetivo de fortalecer su pluralismo, legitimidad, y transparencia en medio del debate generado por recientes declaraciones del organismo respecto de la Ley Nain-Retamal, iniciativa de autoría de parlamentarios RN. Esta propuesta se conoce luego de que, el día de ayer, los diputados de la bancada oficiaran al director del INDH, solicitando aclarar los fundamentos jurídicos de sus cuestionamientos a dicha ley, advirtiendo una preocupante falta de imparcialidad en el actuar del organismo.
Los parlamentarios recalcan en el texto que esta reforma “no busca debilitar al INDH, sino fortalecerlo”, dotándolo de mayores estándares de control, objetividad y pluralismo, en línea con los principios internacionales que rigen este tipo de instituciones. Entre los ejes centrales del proyecto destaca el fortalecimiento del pluralismo al interior del Consejo, modificando su composición para equilibrar la representación e incorporar una mayor participación del mundo académico.
Asimismo, se establecen mecanismos para garantizar que las posiciones minoritarias queden debidamente registradas en actas e informes, promoviendo una deliberación más transparente y representativa. En materia de acciones judiciales, la iniciativa fija un estándar más exigente para la presentación de querellas, requiriendo un quórum de dos tercios del Consejo.
En caso de no alcanzarse dicho consenso, se permitirá su aprobación por mayoría simple, pero estableciendo responsabilidad solidaria en el pago de costas para los consejeros que adopten dicha decisión, reforzando así la responsabilidad institucional en el uso de estas herramientas. El proyecto también incorpora medidas robustas de transparencia y rendición de cuentas, obligando al director y al Consejo del INDH a comparecer al menos dos veces al año ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Además, se establece la publicidad de las actas, el detalle de las votaciones, la incorporación de indicadores objetivos en el informe anual —incluyendo resultados judiciales— y la creación de un registro público de todas las acciones judiciales del organismo. En el ámbito de la probidad, se fijan normas estrictas sobre conflictos de interés, obligando a los consejeros a abstenerse en decisiones donde tengan vínculos personales o profesionales, así como una inhabilidad para quienes hayan tenido vínculos políticos recientes, resguardando la independencia del Instituto.