Luego de un maratónico proceso de formalización que duró toda la semana, este viernes el ex diputado Joaquín Lavín León quedó en prisión preventiva, acusado por el Ministerio Público, la Municipalidad de Maipú y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) de presunto fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado mercantil, con un perjuicio fiscal estimado de $104 millones (USD 116 mil). Lavín Jr., como es conocido, fue militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), fue diputado durante tres periodos parlamentarios y es el esposo de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, formalizada a su vez por el desfalco municipal más grande en la historia del país, que asciende a unos USD 32 millones, quien actualmente cumple arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional tras entrar y salir tres veces de la cárcel desde que se decretó su primera prisión preventiva, en noviembre de 2024.
PUBLICIDAD En concreto, a Lavín Jr. se le acusa de recibir 34 facturas ideológicamente falsas entre 2015 y 2022 desde la imprenta MMG, de propiedad de Juan Alberto Silva, y a la empresa Modo 74 SPA, de Felipe Vásquez, las que luego rindió ante la Cámara de Diputados y al Servicio Electoral (Servel) como “gastos operacionales” que nunca existieron.
Asimismo, se le atribuye haber obtenido bases de datos de electores desde el municipio de Maipú, uno de los más populosos de Santiago, para nutrir la aplicación SocialTazk, una especie de “call center” político con fondos públicos, bases que luego vendía a otros políticos en campaña. PUBLICIDAD De acuerdo al abogado y ex fiscal, Emiliano Arias, aunque “no es un enriquecimiento tan grande, la máquina que se imputa es generar o invertir ingresos para potenciar su imagen (...) una campaña permanente usando la municipalidad", señaló al matinal de T13.
Así las cosas, el juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, decretó la misma medida cautelar para Arnaldo Domínguez, ex asesor del defenestrado diputado, y 90 días de plazo para la investigación. PUBLICIDAD “Atendida la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de los delitos y crímenes que exceden el presidio mayor en su grado mínimo (…) La libertad de los imputados se considera un peligro para la sociedad y se decreta a su respecto su prisión preventiva”, concluyó el magistrado.
Días atrás, el empresario Juan Alberto Silva, formalizado por delitos tributarios y falsificación o uso malicioso de documentos privados, quedó bajo arresto domiciliario nocturno, mientras que el último acusado, el informático Felipe Vázquez, se encuentra en España y no compareció ante el tribunal, asunto por el cual pesa una orden de detención en su contra. PUBLICIDAD Quién es Lavín Jr.