La compañía presentó una demanda contra el Estado de Chile solicitando una indemnización superior a US$140 millones, al considerar que la entrada en vigencia de la Ley N°21.752 de Fraccionamiento Pesquero provocó un significativo perjuicio económico para la compañía. La empresa, con operaciones en Lota, Coronel y Talcahuano, sostiene que la modificación legal alteró de manera anticipada las condiciones bajo las cuales organizó su actividad productiva, realizó inversiones y proyectó su desarrollo dentro del sistema pesquero nacional.
Con más de 70 años de trayectoria en la región del Biobío, Alimar desarrolla actividades industriales basadas principalmente en la captura y procesamiento de jurel, sardina común y anchoveta, destinadas a la elaboración de productos congelados, harinas y aceites de pescado. Según expone la demanda, la compañía se incorporó en 2013 al sistema de Licencias Transables de Pesca impulsado por el Estado de Chile, renunciando a permisos de pesca indefinidos a cambio de licencias con derechos garantizados por un período determinado.
Sobre esa base, la empresa efectuó ajustes patrimoniales y operacionales, además de inversiones de largo plazo. No obstante, la nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero modificó la distribución de cuotas entre los sectores industrial y artesanal antes del plazo originalmente establecido, reduciendo la participación industrial de la empresa en pesquerías consideradas estratégicas para su operación.
“Alimar renunció a permisos de pesca indefinidos y aceptó una rebaja inmediata de sus derechos a cambio de una participación que el Estado garantizó por ley al menos hasta 2032. Esa participación se redujo antes de ese plazo y sin compensación.
Es como pagar por una concesión a plazo fijo y que te quiten parte de lo concedido antes de que venza«, comentó el socio fundador del estudio jurídico Menchaca y Cía., Tomás Menchaca. La compañía afirma que la acción judicial no busca cuestionar la facultad del Estado para modificar políticas públicas, sino establecer que cuando esos cambios afectan derechos adquiridos y generan impactos patrimoniales relevantes, corresponde implementar mecanismos de compensación.