Un decreto del Ministerio de Hacienda, publicado este mes, reduce en cerca de un 45 por ciento el presupuesto del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE, lo que representa uno de los recortes más significativos a la capacitación laboral en décadas. La medida, que asciende a más de 110.000 millones de pesos, afecta directamente programas como Capacitación en Oficios, Intermediación Laboral, Reconversión Laboral y Subsidios al Empleo, pilares para mejorar la inserción laboral en Chile. En particular, la capacitación en oficio ya sufrió un recorte de 15 mil millones, uno de los montos más relevantes dentro de la cartera de herramientas que históricamente ha usado el Estado para acercar el empleo a sectores vulnerables y territorios con menor conectividad.
Este recorte se da en un contexto de desafíos estructurales para el empleo en Chile, con informalidad persistente, necesidad de reconversión productiva y una baja participación laboral femenina. En ese marco, la reducción de recursos en herramientas clave genera incertidumbre sobre la continuidad de beneficios y servicios. Incluso, el Sistema de Subsidio Unificado al Empleo corre el riesgo de quedar desfinanciado antes de su plena implementación, lo que podría afectar a beneficiarios y a las empresas que encuentran en estas herramientas un soporte para contratar o formalizar a trabajadores.
El impacto se siente con especial intensidad en las mujeres, que ya enfrentan barreras mayores para acceder al empleo formal, menor participación en la fuerza laboral y una mayor presencia en sectores informales o de menor estabilidad. La reducción de recursos en el Subsidio al Empleo de la Mujer y en programas de capacitación representa, en la práctica, menos herramientas para quienes más necesitan incorporarse al mundo laboral. En un país que aún trabaja para recuperar empleos perdidos por la crisis y la pandemia, debilitar estas políticas es, a ojos de expertos y comunidades, una señal regresiva en materia de equidad.
Según los datos disponibles, el recorte afectará a más de tres mil micro y pequeñas empresas, y traducirá en menos cobertura y menor impacto de las políticas públicas en la empleabilidad regional. Hoy, el llamado es claro: Chile necesita fortalecer, no debilitar, su sistema de capacitación y empleo. La discusión debe avanzar hacia un rediseño que preserve cobertura y permita, a través de mejoras institucionales, sostener los programas que conectan a las personas con el mundo laboral. En ese giro, el país debe buscar soluciones que eviten despidos de impulso y aseguren un proceso de reconstrucción inclusiva para mujeres y trabajadores vulnerables.