"Hay que esperar el fallo". La frase se repitió esta semana entre ministros y asesores del gobierno del Presidente José Antonio Kast, mientras trataban de dimensionar el golpe que acaba de asestar el Tribunal Constitucional (TC) a una de sus apuestas legislativas más ambiciosas: la ley de Escuelas Protegidas, diseñada para enfrentar la creciente crisis de violencia en los establecimientos escolares.
Según informó La Tercera, el TC acogió prácticamente la totalidad del requerimiento presentado por senadores de oposición y una parte importante de la presentación de los diputados. El tribunal declaró inconstitucionales varios de los pilares del proyecto, entre ellos el artículo que establecía una inhabilidad para acceder a la gratuidad en la educación superior, una de las disposiciones más controvertidas de la iniciativa.
La cautela oficial tiene una razón concreta: aunque el tribunal comunicó qué disposiciones fueron objetadas, la sentencia completa y sus fundamentos aún no han sido publicados. El Ejecutivo espera leer esos argumentos para calcular el alcance jurídico y político de la derrota.
La iniciativa llegó al TC luego de que parlamentarios de oposición impugnaran distintas disposiciones del proyecto. En la jornada del martes, el pleno escuchó los alegatos de ambas partes. Por los requirentes expusieron Bárbara Sepúlveda, abogada y exintegrante de la Convención Constitucional, y el abogado Pablo Sandoval. En representación del gobierno alegó Juan José Ossa, exministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), quien defendió la constitucionalidad de las normas impulsadas por la administración.
Horas después del alegato, mediante un breve comunicado, el tribunal informó su resolución. El resultado encendió las alarmas en Palacio. Más allá de la espera oficial, en privado algunos en el oficialismo comenzaron a preguntarse si el desenlace pudo haberse anticipado, con miradas que apuntaron hacia la división jurídica de la Segpres, el equipo responsable de defender la constitucionalidad del proyecto. Otras voces, en cambio, atribuyeron el traspié a la naturaleza política de los fallos del tribunal, más que a errores técnicos de la defensa.
El camino que siga Escuelas Protegidas dependerá de los fundamentos de la sentencia completa, cuya publicación se espera en los próximos días. Solo entonces el gobierno sabrá qué queda en pie del proyecto y qué alternativas tiene para sostener una iniciativa pensada como respuesta a una demanda ciudadana urgente: más seguridad dentro de las escuelas.
