La Contraloría General de la República instruyó, vía un dictamen, a la Secretaría General de Gobierno, encabezada por la ministra Mara Sedini, iniciar un proceso disciplinario en contra de los funcionarios públicos que intervinieron en las imprudentes y falsas opiniones que se divulgaron con publicidad, en orden a que “el Estado está en quiebra”. El objetivo de este infundio era desprestigiar a la administración saliente y en tal dictamen, ese ministerio, como lo expresó la Contraloría, tiene la obligación de ceñirse a los principios de probidad, transparencia y veracidad, así como al deber de entregar información verificada, correcta y oportuna.
Después de conocerse este pronunciamiento, en la prensa se han publicado innumerables cartas criticando a la titular de la Contraloría y algunas pocas apoyándola. Quien asumió un rol activo en reprochar el mencionado dictamen, fue el diario El Mercurio en su editorial del pasado domingo 3 de mayo de 2026, titulado “Cuestionable dictamen de Contraloría”, en el cual, entre otras cosas, publicó que “el pronunciamiento involucra una peligrosa burocratización del lenguaje” (sic), luego asimilando su apreciación a la llamada “permisología”, palabra inventada por aquellos empresarios promotores de que sea sumamente laxa la fiscalización de las instituciones públicas a sus proyectos de inversión.
El mismo día domingo pasado, debido a que este columnista estaba disconforme con ese editorial, le enviamos una carta muy ponderada, para que así fuera posible su publicación, al director de ese medio, en los siguientes términos: “En razón a que el Estado chileno no está en quiebra, aunque las cifras económicas no son las deseables, aceptando que los lectores de El Mercurio puedan estar en desacuerdo o no con el dictamen de la Contraloría que objetó esa expresión, difundida por la Secretaría General de Gobierno, el lector que suscribe está totalmente de acuerdo con el pronunciamiento vinculante del ente fiscalizador, pues es irresponsable que el propio gobierno emita juicios mendaces. Los particulares, los parlamentarios, los empresarios, los medios de prensa y en general todos, en base a la libertad de expresión existente, podemos decir lo que se nos ocurra, aunque sean tonteras, pero el Poder Ejecutivo, a través de sus ministerios y a todo evento, siempre debe expresar la verdad de los hechos, pues en sentido contrario pierde su credibilidad“.
Obviamente esta carta fue censurada. Aprovechando la oportunidad, informaremos a continuación sobre una reciente entrevista sostenida con la alcaldesa de Vitacura y como el conflictivo Iván Poduje está de moda, nos referiremos en esta ocasión a él con motivo de dos situaciones determinadas en que ha intervenido, sin que la prensa en general haya dado debida cuenta de las mismas: 1° respecto de su decisión de construir cinco edificios en altura de viviendas de todo tipo, en el terreno de 4 hectáreas, considerado área verde en los instrumentos de regulación urbana, conocido como Parque Cerro Colorado en la comuna de Las Condes, según nos han informado las organizaciones ciudadanas que están en contra de ese proyecto inmobiliario, dicho ministro para justificar su iniciativa comercial, en su visita con periodistas a ese terreno el pasado 20 de abril, protegido por sus guardias pretorianos, aseguró a la prensa que “este sitio eriazo está botado hace más de 40 años (sic), lo cual es un simple embuste, pues este espacio es un vergel muy bien mantenido por la municipalidad de Las Condes.