El sistema chileno de cierre de faenas mineras, estructurado sobre la Ley N°20.551 y el Decreto Supremo N°41, se encuentra hoy en una etapa de implementación avanzada. Con más de una década de aplicación, ha logrado consolidar estándares técnicos y financieros exigentes, internalizando el costo del cierre como parte del negocio minero.
Sin embargo, recientes señales regulatorias —como el retiro del proyecto de modificación reglamentaria (DS N°7) desde la Contraloría General de la República— evidencian que el sistema aún enfrenta tensiones en su evolución, particularmente en cómo avanzar hacia modelos más ágiles sin debilitar el control. De acuerdo con antecedentes del Servicio Nacional de Geología y Minería, contenidos en sus cuentas públicas y reportes institucionales, existen planes de cierre aprobados y garantías financieras que superan los US$ 12.000 millones.
Es decir, estamos frente a un sistema maduro, que ha cumplido su objetivo original: evitar pasivos ambientales y asegurar la ejecución efectiva del cierre. Pero ese mismo diseño —eficaz para ordenar la industria— comienza a mostrar límites frente a un nuevo estándar: la minería 2050, donde la sostenibilidad, la minería secundaria y la economía circular dejan de ser atributos reputacionales y pasan a ser condiciones de competitividad.
Un modelo eficiente, pero incompleto El sistema vigente sigue operando bajo una lógica de término. El cierre está concebido como la última etapa del proyecto, donde se estabiliza y se desactiva el activo.
La economía circular plantea lo contrario: los activos mineros no se terminan, se transforman. Relaves con contenido metálico, infraestructura reutilizable y sistemas hídricos integrables a nuevos usos configuran una realidad distinta.