Uno de cada cuatro adultos en Chile carga con una deuda que no puede pagar. Al cierre del primer trimestre de 2026, 4.011.868 personas registraban deudas morosas, y el 73% de ellas llevaba más de un año en esa situación. La mora promedio bordea los 2,51 millones de pesos. Para los hogares más pobres, ese monto equivale a cinco sueldos completos: matemáticamente impagable.

La deuda no se queda en los papeles. Entra al hogar, altera el sueño y convierte cualquier imprevisto, como una enfermedad o un mes sin trabajo, en un problema mayor. Perder el empleo cuando las cuotas absorben buena parte del sueldo puede significar el derrumbe de una familia entera. Los grupos socioeconómicos C3, D y E concentran más del 80% de la morosidad en Chile.

El problema va más allá de quienes ya están en mora. Según la CMF (Comisión para el Mercado Financiero, el regulador del sistema financiero chileno), el 14,1% de los deudores del sistema, cerca de un millón de personas, destina más de la mitad de su ingreso mensual al pago de sus obligaciones. Muchos de ellos no están en mora. Después de pagar las cuotas, sencillamente no les queda nada.

Cuando alguien se atrasa, la deuda crece sola. Se acumulan intereses moratorios, gastos de cobranza y llamadas de hostigamiento. Cada acreedor cobra por su cuenta. Una persona puede renegociar con un banco y seguir igual de apretada porque tiene otras cinco deudas sin tocar. El sistema termina exigiéndole más al que ya no tiene cómo responder.

La Ley 20.720 ya contempla un Procedimiento de Renegociación de la Persona Deudora, pero el mecanismo llega a muy pocos. En 2025 se abrieron apenas 12.333 procedimientos, una cifra mínima frente a los cuatro millones de personas en mora. La barrera de entrada es alta: la ley exige estar prácticamente hundido para pedir ayuda, y cuando llega ese momento, muchas familias ya no pueden remontar.

Frente a ese vacío, la senadora Daniella Cicardini, parlamentaria por la región de Atacama, está impulsando una Agenda de Protección a las Familias Endeudadas. La propuesta no plantea que el Estado asuma las deudas privadas, sino crear mecanismos reales de salida para quienes hoy no tienen ninguna, actuando antes de que la situación se vuelva irreversible.