La exdelegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, respondió a las críticas abiertas por el informe de la Contraloría General de la República, que detectó irregularidades en contratos y pagos relacionados con la reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024.
El siniestro, ocurrido entre el 2 y 3 de febrero de 2024, dejó cifras dramáticas: 43.000 hectáreas destruidas, 137 fallecidos, más de 300 personas desaparecidas, 1.100 heridas y 14.000 viviendas dañadas. Ante esa emergencia, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, entonces dirigida por Sofía González y con apoyo de municipalidades como Quilpué y Viña del Mar, contrató a empresas para acelerar obras y ayudas.
El informe de la Contraloría General de la República (CGR) puso en evidencia pagos por más de $6.725 millones que, según el órgano fiscalizador, se realizaron sin licitación. Entre las sociedades involucradas aparece San Nicolás SpA, empresa constituida en marzo de 2021 ante el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y registrada en el Servicio de Impuestos Internos (SII) con inicio de actividades el 14 de abril de 2021, RUT 77.337.119-9. El registro público detalla a una de sus fundadoras, María Mayorie Briones González. El documento original al que se alude en la investigación queda incompleto al describir transformaciones posteriores de la empresa.
Frente a esos hallazgos, Sofía González afirmó que "cada medida fue dentro de la ley" y sostuvo que las decisiones se tomaron en el marco de la emergencia. Esa es la línea central de sus descargos: que la urgencia del desastre habilitó mecanismos administrativos y contratas excepcionales para acelerar la respuesta. El informe de la CGR, en cambio, cuestiona la forma y la justificación técnica de adjudicaciones y pagos.
Históricamente, Valparaíso ha enfrentado incendios de gran escala y problemas recurrentes en la reconstrucción. La experiencia previa muestra que los procesos excepcionales por catástrofes tienden a tensionar los controles administrativos, y que la demora o la falta de transparencia en la reposición de viviendas genera un costo político y social duradero.
Políticamente, la disputa favorece a quienes piden mayor fiscalización y sanciones: la oposición y sectores ciudadanos movilizados por la transparencia. Pierden la Delegación Presidencial Regional, las municipalidades implicadas y el Gobierno regional, que deben justificar rapidez y legalidad al mismo tiempo. Los beneficiarios iniciales de los contratos privados, como San Nicolás SpA, quedan bajo la lupa pública y podrían enfrentar procesos administrativos o judiciales si se confirman irregularidades.
Para el ciudadano común, el problema no es retórico. Los recursos cuestionados implican dinero público destinado a reparar viviendas y restablecer servicios clave en comunas afectadas. La sospecha de contratos irregulares puede traducirse en retrasos en obras, pérdida de confianza en las autoridades y menor eficacia en la atención de víctimas.
El caso seguirá su curso. El informe de la CGR obliga a que los organismos responsables entreguen antecedentes, y abre la puerta a solicitudes de auditoría adicionales y a posibles querellas. Lo esencial ahora será que las autoridades aclaren el marco legal invocado, publiquen los contratos y expliquen cómo se vinculó la urgencia humanitaria con las adjudicaciones efectuadas. Sin mayor transparencia, la reconstrucción de Valparaíso corre el riesgo de quedar marcada por la polémica, más que por la reparación efectiva de las familias afectadas.
