La Contraloría General de la República advirtió falencias en la fiscalización de la violencia escolar y en la reubicación de estudiantes sancionados, tras analizar las acciones de la Superintendencia de Educación y la Subsecretaría de Educación. El informe reveló que, pese a la alta cantidad de denuncias registradas en el país, solo una parte menor fue objeto de inspecciones formales, lo que evidencia debilidades en la respuesta institucional ante uno de los principales problemas del sistema educativo.
Baja fiscalización frente a miles de denuncias Entre 2020 y el 13 de octubre de 2025, se registraron 35.410 denuncias por violencia escolar a nivel nacional. Sin embargo, apenas 1.727 casos fueron fiscalizados propiamente tal.
Según el organismo contralor, esta brecha refleja una limitada capacidad de supervisión frente a un fenómeno que no ha disminuido en los últimos años. Por el contrario, el informe advierte que el aumento de denuncias confirma que la violencia escolar sigue siendo una de las problemáticas más relevantes en la educación pública chilena.
Colegios con más denuncias no fueron priorizados La auditoría también detectó que los establecimientos con mayor cantidad de sanciones y denuncias durante 2024 y 2025 no fueron fiscalizados, pese a concentrar los casos más críticos. Entre los liceos analizados figuran el Instituto Nacional José Miguel Carrera, el Liceo José Victorino Lastarria, el Internado Nacional Barros Arana (INBA), el Liceo de Aplicación, el Liceo Manuel Barros Borgoño, el Liceo 7 de Providencia y el Liceo Carmela Carvajal.
Todos ellos están ubicados en las comunas de Santiago y Providencia y concentran una parte significativa de los episodios de violencia escolar registrados en el período auditado. Fallas en la reubicación de estudiantes sancionados Otro de los puntos críticos del informe se relaciona con la reubicación de alumnos expulsados o con matrícula cancelada.