La reciente propuesta legislativa que busca exigir a funcionarios de consultorios y establecimientos educacionales que informen sobre la presencia de personas en situación migratoria irregular para facilitar su expulsión, ha desatado una intensa controversia. La iniciativa, materializada en el denominado “artículo 104 bis”, ha generado un profundo rechazo desde diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes alertan sobre las graves consecuencias de transformar espacios de atención pública en filtros de control fronterizo.

Para Gabriela Hilliger, directora jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), la medida no solo representa un choque directo con los tratados internacionales suscritos por Chile, sino que colisiona abiertamente con nuestra legislación. Si esta obligación avanza en el Congreso, advierte la abogada, “vendría todo un camino de revisión para ver cómo interfiere con garantías constitucionales como el acceso al derecho a la salud, el debido proceso y la igualdad ante la ley”.

Más allá de la inminente batalla judicial, desde el SJM advierten que el verdadero peligro radica en el impacto práctico de la normativa. Obligar a los profesionales a romper su deber de confidencialidad y el secreto profesional amenaza con desencadenar una crisis humanitaria y sanitaria al interior del país, empujando a miles de familias vulnerables hacia la clandestinidad por el temor a ser deportadas al intentar acceder a servicios esenciales.

El riesgo en la salud pública y la amenaza de deserción escolar Más allá del debate jurídico, desde el SJM miran con extrema preocupación los efectos prácticos que una medida de esta naturaleza tendría en el día a día. Hilliger alerta sobre el peligro de obligar a los profesionales a romper el secreto profesional, transformando espacios que deben ser seguros “en lugares de control y de denuncias”.

El principal temor es que la amenaza de deportación aleje a la población migrante de los servicios básicos, empujándola a la clandestinidad. “Si esto se traduce en que las personas van a tener miedo de ir a consultorios o escuelas, puede significar que haya un problema con respecto a la gestión del control de enfermedades, o que los niños no se vacunen y entren en riesgo de salud porque los padres temen ir”, detalla la abogada.