Parlamentarias recordaron proyecto que impulsaron para instalar detectores de metales, iniciativa que fue recogida en la ley de convivencia escolar actualmente en trámite de toma de razón en Contraloría. Las senadoras Paulina Núñez y María José Gatica condenaron el crimen de una inspectora al interior de un establecimiento educacional en Calama, perpetrado por un alumno, y advirtieron la urgencia de avanzar en medidas concretas que permitan prevenir hechos de violencia en comunidades educativas.
Hace algunos meses ambas impulsaron un proyecto de ley destinado a permitir la instalación de detectores de metales en establecimientos educacionales, herramienta que finalmente fue incorporada en la ley de convivencia escolar, despachada por el Congreso el pasado 28 de enero y que actualmente se encuentra en trámite de toma de razón en la Contraloría. Vale señalar que el artículo 10 de dicha iniciativa establece que los sostenedores de establecimientos educacionales, con acuerdo del Consejo Escolar o de la comunidad educativa, podrán implementar recursos tecnológicos destinados a detectar armas u otros elementos peligrosos, siempre que existan antecedentes fundados que justifiquen su uso como una medida proporcional, necesaria e idónea para prevenir delitos.
Desde Antofagasta, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, expresó sus “profundas condolencias a la familia de la víctima y a toda la comunidad que está consternada, a cada una de las personas que forman parte de la comunidad educativa” y afirmó que “estas situaciones hay que enfrentarlas con mucha firmeza, con mucha claridad y no se pueden normalizar; no puede un estudiante llegar con un arma blanca a un establecimiento educacional y, si eso ocurre, hay que tomar medidas para prevenir”. En tanto, la senadora María José Gatica señaló que “lo ocurrido en Calama es una tragedia que golpea a todo Chile y que demuestra que no podemos seguir esperando.
Los colegios necesitan herramientas concretas para prevenir y proteger a sus comunidades educativas antes de que ocurran hechos tan dramáticos como este”. Finalmente, ambas reiteraron la necesidad de actuar con sentido de urgencia, responsabilidad y coordinación institucional para evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse.
Ley de convivencia escolar La normativa establece que los sostenedores, con acuerdo de la comunidad educativa, podrán implementar tecnologías para detectar armas u otros elementos peligrosos, siempre que su uso esté debidamente justificado como una medida proporcional y necesaria para prevenir delitos. Asimismo, exige la elaboración de un protocolo interno que regule su aplicación, resguardando derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación, la vida privada y el interés superior de niños, niñas y adolescentes, incorporando perspectiva de género, debido proceso y mínima interferencia en las actividades educativas, además de coordinación con las fuerzas de orden.