María José Escudero, directora de Incidencia y Desarrollo de Fundación Ronda. En el marco del Día Internacional del Trabajo, y en una semana en que Chile avanza hacia una nueva etapa de la Ley de 40 horas, es pertinente preguntarnos quiénes están siendo efectivamente considerados en estos avances laborales.
A ocho años de la promulgación de la Ley de Inclusión Laboral, los datos muestran un estancamiento preocupante. En 2023 el Estudio Nacional de la Discapacidad y Dependencia (Endide) demostró que un 61% de las personas con discapacidad estaba fuera del mercado laboral.
Misma cifra que había marcado en 2015, el II° Estudio Nacional de la Discapacidad (Endisc 2). Sumado a lo anterior, diversos análisis evidencian que el cumplimiento de la ley no ha implicado necesariamente nuevas contrataciones.
Sino, en muchos casos, la regularización de trabajadores y trabajadoras con discapacidad que ya estaban dentro de las empresas. Si bien, la Ley 21.690 introdujo avances importantes, como eliminar barreras discriminatorias en el sector público, persisten brechas estructurales que limitan una inclusión efectiva.
La primera es la educación. Sin acceso a formación de calidad y con diseño universal, las oportunidades laborales seguirán siendo restringidas.