Las concesiones se legitiman cuando el usuario percibe el valor de lo que paga, cuando las obras llegan a regiones que históricamente han esperado más, y cuando el empleo que generan es de calidad. Un dato de la última cuenta pública de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, entregada en abril, merece atención: el año pasado, el sistema de concesiones generó en promedio más de 21.600 empleos mensuales directos en obras de construcción.
Son puestos de trabajo con nombre y dirección: familias de norte a sur del paÃs, en regiones que no siempre cuentan con otra fuente de actividad económica formal. Ese número no aparece en el debate presupuestario que se da en octubre de cada año.
Pero deberÃa. Chile enfrenta hoy una tensión conocida pero más aguda: las necesidades de infraestructura crecen mientras los recursos fiscales se estrechan.
El costo de no invertir es enorme y silencioso -rutas que se degradan, hospitales que no se terminan, regiones que pierden competitividad- aunque rara vez aparezca en una glosa presupuestaria. Frente a ese hecho, la asociación público-privada no es una consigna ideológica.
Es una herramienta probada. Al cierre del año pasado, el sistema de concesiones registraba 81 contratos vigentes con una inversión comprometida de casi US$ 30.000 millones: autopistas, hospitales, aeropuertos, embalses y la primera desaladora concesionada del paÃs.