Durante los últimos días, el proyecto para ampliar el Centro de Detención Preventiva, Santiago 1, sufrió dos importantes reveses. Por un lado, un fallo judicial que en la práctica, detiene las obras; y por otro, la decisión de la Contraloría de no tomar razón de un decreto del Ministerio de Vivienda (Minvu), que posibilitaba la construcción.
En el gobierno anterior, la ampliación de Santiago 1 fue resistida por la alcaldesa de Santiago Centro, Irací Hassler y ahora, también lo es por el actual edil, Mario Desbordes. Este último, incluso se ha enfrentado al Gobierno, de su mismo signo político, con tal de que no se lleve a cabo la construcción.
Desbordes ha remarcado que existen otros predios en la misma Región Metropolitana y alejados del radio urbano, donde se podría construir una cárcel. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, en tanto, ha negado tal afirmación.
“La Municipalidad de Santiago, en defensa de los vecinos, está pidiendo algo muy sencillo: que nos traten igual que al resto de Chile. En Arica, Iquique, Antofagasta, en La Serena, en Rancagua, en Valparaíso, en Talca, todas las cárceles se construyen kilómetros y kilómetros fuera de los radios urbanos.
Estamos pidiendo solo eso”, dijo Desbordes en recientes declaraciones a la prensa. En conversación con nuestro medio, la investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile, Monserrat Díaz, se refirió al principal argumento para construir nuevas cárceles: la saturación del sistema penitenciario chileno.