Trama bielorrusa: Fiscalía amplía periodo de revisión de platas de Vivanco y pesquisa año previo a que asumiera en la Suprema El fiscal Marco Muñoz solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía ampliar el alzamiento del secreto bancario de la exjueza, al igual que el de su expareja y también imputado en la trama bielorrusa, Gonzalo Migueles, para así periciar los movimientos que registraron durante 2017. Desde octubre de 2024 que la Fiscalía Regional de Los Lagos ha obtenido sucesivas autorizaciones para alzar el secreto bancario de las cuentas y productos de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y de otros imputados en la trama bielorrusa.
Esto, como ha recalcado el ente persecutor, con el objetivo de pesquisar sus dineros y eventualmente trazar la ruta que habrían seguido los fondos que se le imputa haber recibido por parte de los abogados Eduardo Lagos Herrera y Mario Vargas por concepto de coimas. Conforme han ido avanzando las diligencias, el fiscal Marco Muñoz ha hecho presente ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que requieren ir más allá de los períodos en que se había pedido levantar el secreto de los productos bancarios de la exjueza.
A inicios de mayo, de hecho, el persecutor volvió a pedir una ampliación del alzamiento. En esa ocasión, para analizar los movimientos de las cuentas de Vivanco antes de que llegara a la Suprema, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.
Y lo mismo respecto de su expareja, Gonzalo Migueles. Como se lee en la solicitud del fiscal Muñoz, lo anterior responde a que se está haciendo una completa revisión patrimonial de la otrora magistrada y notaron que justamente ese año vendió un departamento que tenía en Viña del Mar, que había comprado en 2007 y que se le pagó en efectivo.
“El 28 de abril de 2017, esto es transcurrido 10 años de la compra, procedió a venderlo en la suma de 5.200 UF, ($138.082.620 pesos de la época) recibiendo como precio al contado y en dinero en efectivo, procediéndose al alzamiento y cancelación de la hipoteca”, se lee en el requerimiento. Hicieron presente que “para efectos de la pericia patrimonial que se realiza en la causa con ocasión de los delitos que se investigan, resulta necesario averiguar con que cantidad de dinero de los $138.082.620 pesos se pagó el saldo de precio al banco Santander, cuanto fue el remanente del que pudo disponer en efectivo y qué operaciones realizó o pudo haber realizado con dicho dinero".