El fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre el proyecto de Escuelas Protegidas, que declaró inconstitucionales varias de sus disposiciones, reabrió la discusión sobre el papel de la magistratura en el sistema democrático chileno. Ese es el telón de fondo que recibirá María Pía Silva cuando asuma la presidencia del organismo el 10 de julio, tras ser elegida para el cargo el 25 de junio.

Silva encabezará el TC durante su primer período presidencial. Su mandato como ministra, que partió el 3 de julio de 2018, vence en 2027. Por eso, el período presidencial completo hasta el 10 de julio de 2028 quedará dividido en dos etapas: primero Silva, y luego la ministra Catalina Lagos, quien presidirá la magistratura por el tiempo restante.

El traspaso llega mientras la actual presidenta, la ministra Daniela Marzi, aún defiende públicamente la naturaleza del organismo. En el pódcast "Cómo te lo explico", Marzi rechazó las acusaciones de que el TC operaría como una "tercera Cámara" del Congreso, calificando esas críticas de "partisanas" y transversales a todos los espectros políticos.

El abogado constitucionalista Arturo Fermandois, socio del Estudio Fermandois y profesor de la Pontificia Universidad Católica (UC), es categórico: "El TC no es ni puede ser una 'tercera Cámara'; esa es una crítica ideológica que degrada su naturaleza jurisdiccional". Para Fermandois, el tribunal debe seguir fallando en derecho y aplicando la Constitución como norma principal, no como instrumento de interpretación política.

Marisol Peña, directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo (UDD) y expresidenta del TC, aporta una mirada histórica. La crítica a las cortes constitucionales cuando enmiendan decisiones legislativas no es nueva, dice Peña, pero tampoco invalida su función: "Los Parlamentos están subordinados a la Constitución como cualquier otro órgano del Estado". La académica anticipa que Silva podría enfatizar acciones de carácter jurisdiccional y acercar el TC a las regiones del país.

Los desafíos concretos que aguardan a la nueva presidenta incluyen reducir la proliferación de votos particulares en los fallos del tribunal y una eventual reforma institucional que distintos sectores han planteado como necesaria.