El Ministerio Público está investigando las posibles ilegalidades en la adjudicación “a dedo” de un subsidio habitacional que terminó beneficiando directamente a la pareja del actual diputado del Partido Republicano, Alejandro Riquelme Ducci. De acuerdo con antecedentes recopilados por la Unidad de Investigación de BÃo BÃo, la FiscalÃa Local de Punta Arenas, ordenó en los últimos dÃas la apertura de una indagatoria penal para indagar en el beneficio. Los hechos se remontan a julio de 2022 e involucran a Susan Liliana Chicuy Godoy âpareja sentimental y madre de tres hijos del parlamentario republicanoâ y a la entonces jefa de Operaciones Habitacionales del Serviu Magallanes, Jacqueline Lleucún Uribe. La denuncia Todo fue denunciado a comienzos de este mes por director (S) del Serviu de la región de Magallanes, Omar González Asenjo, a través de un oficio dirigido al Ministerio Público en la zona, consigna el medio local Zona Zero. De acuerdo con el documento, la pareja del diputado fue beneficiada con el proyecto habitacional Estepa Austral I, pese a haber omitido información personal y socioeconómica en la obtención del subsidio. En concreto, la denuncia apunta a que Susan no informó “los reales ingresos para efectos de una correcta evaluación en el Registro Social de Hogares y de la postulación misma incidiendo de esta forma en sus resultados”. Los antecedentes, según el oficio, situó a la favorecida en una condición de “déficit habitacional alto” y “hacinamiento”. Todo ello, ya que “habrÃa omitido a su pareja y al padre de sus hijos [es decir, a Riquelme, ex consejero regional y actual diputado ]” del núcleo familiar señalado. “De haberse declarado la información de forma fidedigna, no habrÃa podido obtener el subsidio por no estar dentro de la población más vulnerable del paÃs, a la luz de sus ingresos reales y por ser dueño su pareja de uno o más inmuebles, según su declaración de patrimonio”, acota la denuncia. Primeras diligencias Consultada por esta Unidad de Investigación, la FiscalÃa Regional de Magallanes confirmó la apertura de una causa penal para indagar la adjudicación del beneficio. Según explicaron desde el Ministerio Público, el caso está en manos de la fiscal jefe de Punta Arenas, Johanna Irribarra. La persecutora ya ordenó sus primeras diligencias, aunque del organismo investigador declinaron profundizar en el detalle de cada una de ellas. BÃo BÃo Investiga intentó obtener una declaración de Riquelme, sin resultados hasta el cierre de esta edición.