Al amparo de la Ley Karin, las agresiones de terceros en sectores como salud, educación, comercio y transportes dejan de ser vistas como «parte del oficio». El Instituto de Seguridad Laboral (ISL) destaca la obligatoriedad del cuestionario CEAL-SM/SUSESO y entrega asistencia técnica para implementar medidas que van desde cambios en infraestructura hasta apoyo psicológico.

Hasta hace poco, las amenazas, insultos o agresiones físicas dirigidas hacia quienes atienden público eran consideradas, erróneamente, como un costo inevitable del trabajo. Sin embargo, la entrada en vigencia de la Ley 21.643 —conocida como Ley Karin— e hitos normativos recientes cambiaron este escenario en Chile: hoy, la violencia ejercida por personas externas a la relación laboral debe ser reconocida, medida y gestionada obligatoriamente como un riesgo para la salud mental.

La principal herramienta estatal para detectar estas condiciones a tiempo es el Cuestionario de Evaluación del Ambiente Laboral – Salud Mental (CEAL-SM), administrado por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). Esta encuesta, de carácter obligatorio, no solo evalúa los conflictos internos de una organización, sino que incorporó preguntas elementales dirigidas de forma específica a medir la exposición de las y los trabajadores a la violencia de terceros.

Este factor es especialmente crítico en sectores donde el personal se encuentra en la primera línea de contacto directo con la ciudadanía, como hospitales, establecimientos educacionales, municipios, servicios públicos, el comercio, oficinas de atención y el transporte. El rol técnico del ISL y la urgencia de prevenir Para el Instituto de Seguridad Laboral (ISL), único organismo público administrador del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, el foco hoy está puesto en el acompañamiento y la asesoría técnica a sus entidades empleadoras adheridas para cumplir con esta medición y, fundamentalmente, para aplicar los cambios necesarios tras los diagnósticos.

«Los niveles de violencia de la ciudadanía muchas veces rebasan las capacidades de las y los trabajadores, quienes terminan siendo objeto de agresiones que derivan en casos muy lamentables», advierten desde el ISL. Por ello, el organismo releva como una prioridad institucional la entrega de orientación y asistencia técnica para ejecutar el cuestionario y diseñar planes de mitigación reales frente a los riesgos detectados.