El trimestre marzo-mayo de 2026 dejó una señal preocupante para el mercado laboral: la tasa de desocupación llegó al 9,4%, el peor registro en los últimos cinco años, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadísticas). El alza fue de 0,5 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior, y se suma a una informalidad del 27% que afecta con más fuerza a las mujeres.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, salió al paso de los datos ratificando la meta del gobierno: reducir el desempleo al 6,5% antes de 2030. La cifra actual está casi tres puntos porcentuales por encima de ese objetivo, en un mercado laboral donde la tendencia lleva varios trimestres al alza.

Para buscar respuestas, el gobierno convocó a la Mesa de Desempleo, un panel de nueve expertos encargado de diseñar propuestas concretas. Esta mañana entregaron un paquete de 22 medidas para impulsar la contratación. Entre ellas figura el proyecto de Sala Cuna Universal, que busca que todas las empresas financien el cuidado infantil de sus trabajadoras sin importar el tamaño de su dotación, y que ya tiene tramitación en el Congreso.

Otra propuesta apunta a modernizar la franquicia tributaria de capacitación, el mecanismo que permite a las empresas descontar de sus impuestos lo que invierten en formación de personal. Rau anticipó que la próxima semana el Ejecutivo presentará indicaciones al proyecto de mega reforma tributaria con cambios en esa materia.

David Bravo, director del Centro de Estudios Longitudinales de la Pontificia Universidad Católica y vocero de la Mesa, explicó que el panel integró una diversidad de visiones para hacer frente a la crisis. "Esto responde a un deber mayor", afirmó Bravo, quien destacó la necesidad de considerar distintas perspectivas para sortear el panorama actual.

Los expertos coinciden en que la incertidumbre legal para los empleadores es uno de los principales frenos para la contratación. Ese factor pesa en un período marcado por reformas en debate, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, que se implementa de forma escalonada desde 2024. La Mesa entregó sus 22 propuestas al gobierno, que ahora tiene plazo hasta 2030 para demostrar que puede revertir una tendencia que lleva meses profundizándose.