En el Día de la Tierra, Costa Rica se encuentra en un momento crucial en la defensa de su riqueza ecológica. Mientras el país pretende posicionarse como líder global en políticas medioambientales y fijó como meta alcanzar la carbono neutralidad para 2050, la presión de actividades ilícitas y la expansión económica ha colocado en riesgo algunos de sus recursos más valiosos.
Con el 58.5% de su territorio cubierto por bosques y albergando cerca del 6 % de la biodiversidad del planeta, Costa Rica sostiene uno de los patrimonios naturales más relevantes de América Latina. Sin embargo, fenómenos como la minería ilegal de oro y la tala de árboles desafían la capacidad de conservación del Estado y reavivan debates sobre el equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad.
El impacto de la minería ilegal y el uso de mercurio en el norte del país Uno de los frentes más complejos se ubica en una remota región norteña, en disputa por mineros ilegales que emplean prácticas altamente nocivas para la salud pública y los ecosistemas, en especial el uso de mercurio. Este mineral pesado afecta suelos y cursos de agua, lo que supone un peligro adicional para la biodiversidad local y las comunidades cercanas.
El Gobierno de Rodrigo Chaves ha propuesto un proyecto de ley para entregar una concesión a una empresa que explote el oro en la zona, bajo la promesa de controles medioambientales reforzados. Pese a este planteamiento, organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición política sostienen que resulta prioritario recuperar el capital ambiental de la zona afectada, en lugar de apostar por una explotación regulada.
En la actualidad, Costa Rica prohíbe la minería de oro a cielo abierto y la exploración petrolera, restricciones que fueron establecidas por vetos presidenciales anteriores. Estas limitaciones han definido la línea política del país en los últimos años, aunque han sido sujetas a nuevos intentos de debate durante la administración Chaves.