La controversia por la sobreestimación de cerca de 27 mil toneladas de cobre reportadas por Codelco al cierre de 2025 volvió este jueves al centro del debate político. La Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados revisó los antecedentes del caso en una sesión marcada por cuestionamientos a la exadministración, dudas sobre la cadena de responsabilidades y nuevas exigencias de fiscalización.
En paralelo, los diputados Jaime Mulet y Marcela Hernando ingresaron una querella criminal para que la justicia investigue eventuales delitos asociados a la alteración de las cifras de producción de la estatal. La investigación se originó tras una auditoría interna que detectó diferencias cercanas a las 27 mil toneladas de cobre en los reportes de cierre de 2025.
El caso derivó en sanciones a ejecutivos, la salida del entonces presidente ejecutivo Rubén Alvarado y una creciente discusión sobre los controles internos de la principal empresa minera del país. La sesión de la Comisión de Minería y Energía, realizada de este jueves en Calama, estuvo enfocada en las conclusiones de la auditoría y en las consecuencias que tuvo la sobreestimación, entre ellas el pago de bonos por cumplimiento de metas a cerca de 6 mil trabajadores.
El presidente del Sindicato Minero de Chuquicamata, Misael Vega, aseguró que los trabajadores han seguido el caso prácticamente por la prensa. “Nosotros de parte de la administración no hemos tenido ninguna información oficial”, señaló ante la comisión.
El dirigente insistió en que las toneladas cuestionadas existen: “No es que alguien haya venido y haya dicho; oye, ‘subamos los números’. Es un tonelaje que realmente existe.