Los parlamentarios del partido Nacional Libertario alertaron sobre el avance del crimen organizado y exigen una respuesta coordinada del Estado para frenar estos delitos que ya golpean con fuerza a regiones como Coquimbo y Maule. Los diputados del Partido Nacional Libertario, Erich Grohs y Germán Verdugo, solicitaron la conformación urgente de una mesa de trabajo entre el Ministerio de Energía y el Ministerio de Seguridad Pública, con el objetivo de enfrentar el aumento sostenido del robo de cables eléctricos en distintas regiones del país.
La petición surge luego de una seguidilla de hechos que han dejado en evidencia la magnitud del problema. En la Región de Coquimbo, el diputado Erich Grohs ya había advertido sobre cifras críticas asociadas a este delito y la acción de mafias dedicadas a la sustracción de cableado, alertando sobre la necesidad de una intervención urgente del Estado.
A ello se suma lo ocurrido recientemente en la Región del Maule, donde un robo de cables en una línea de alta tensión de CGE Transmisión dejó sin suministro eléctrico a 15.439 clientes de las comunas de San Rafael, Pelarco y Río Claro, en un hecho que volvió a encender las alarmas por el impacto que este delito tiene sobre la vida cotidiana de miles de familias. El oficio presentado por el diputado Germán Verdugo advierte precisamente sobre este episodio y pide información sobre las medidas adoptadas para prevenir nuevos hechos de esta naturaleza.
Al respecto, el diputado Erich Grohs advirtió que “hoy estamos enfrentando verdaderas mafias que operan con total impunidad, generando cortes de suministro, afectando la seguridad de las personas y provocando millonarias pérdidas. Esto requiere una respuesta firme y coordinada del Estado”.
El parlamentario agregó que es clave avanzar en medidas concretas como el control de los mercados ilegales de cobre, mayor fiscalización y un trabajo más estrecho entre las policías y las autoridades sectoriales. En tanto, el diputado Germán Verdugo enfatizó el impacto directo que estos hechos tienen en la ciudadanía, señalando que “no estamos hablando solo de un delito económico, sino de una situación que golpea la vida diaria de miles de familias, dejando sectores completos sin electricidad y afectando servicios esenciales”.