Sala cuna: expertos piden acceso a datos de la Super de Pensiones para calcular sostenibilidad del Seguro de Cesantía Al igual como ocurrió en el marco de la reforma previsional, los economistas piden que el regulador ponga a disposición los datos del Seguro de Cesantía para hacer sus propios análisis. En paralelo, la CPC valoró que el proyecto "no aumente el costo de las empresas”, pero aseguró que no es evidente que esto deba financiarse mediante "un aporte del mercado del trabajo formal”.
El gobierno ingresó esta semana una indicación sustitutiva al proyecto de sala cuna universal y fue a presentar la iniciativa a los senadores de la comisión de Educación. La fórmula de financiamiento que propone el gobierno considera la creación de un Fondo de Sala Cuna, que es financiado por una cotización de cargo del empleador de 0,35%, que al mismo tiempo será compensado con una reducción de la cotización que el empleador destina al Seguro de Cesantía (SC).
Eso significa que a futuro, en caso de aprobarse este proyecto de ley, habrá una reducción de 0,2% de la tasa de cotización de cargo del empleador destinada a las cuentas individuales de cesantía (CIC), y una baja de 0,15% en la tasa de cotización que hoy va al Fondo de Cesantía Solidario (FCS). Cuando se conoció esta iniciativa, una de las mayores dudas de los expertos se centró en la sostenibilidad futura del Seguro de Cesantía.
Pero este miércoles el gobierno hizo circular entre los senadores un estudio realizado por la Superintendencia de Pensiones, que analiza el impacto de disminuir la tasa de cotización de cargo del empleador en la CIC y el FCS en la magnitud que propone el proyecto de ley en cuestión, que concluye que esta medida “no compromete la sustentabilidad de largo plazo del FCS”. Esto, pese a que proyectó que hacia diciembre de 2035 el patrimonio de FCS alcanzaría $4.944.953 millones, esto es un 23,3% inferior que el patrimonio estimado en el escenario base (sin proyecto).
El estudio también levantó algunas interrogantes entre los expertos. Una de ellas, radica en que hace dos años, cuando se estaban analizando fórmulas para financiar la reforma previsional, el gobierno anterior pidió a la Superintendencia de Pensiones hacer un análisis sobre la factibilidad de reducir la cotización al Seguro de Cesantía.