Durante la tarde de este martes, Gendarmería de Chile informó que trasladó a Michael Clark, expresidente de la sociedad administrativa Azul Azul, al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS), ubicado en la comuna de Santiago, tras la prisión preventiva dictada en la investigación conocida como Caso Sartor.

Según el parte institucional, Clark ingresó a REPAS después de ser sometido a los protocolos de recepción habituales: contraste de documentación, revisión en el área de salud y paso por la oficina de clasificación y segmentación para su posterior asignación a dependencias. "Como parte de los protocolos habituales que aplican a todas las personas privadas de libertad, al llegar a las unidades penales, fue contrastada la documentación, derivados al área de salud y luego a la oficina de clasificación y segmentación, para la posterior derivación a sus dependencias", explicó Gendarmería.

En paralelo, los otros tres imputados que quedaron con prisión preventiva en la misma jornada, Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín y Sergio Yáñez, ingresaron al Centro de Detención Preventiva Santiago I, según confirmó la institución penitenciaria. Todos ellos figuran como imputados en el Caso Sartor, causa que investiga operaciones financieras y presuntas irregularidades vinculadas a sociedades mercantiles.

La medida contra Clark fue adoptada por la jueza Paulina Moya, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. En la audiencia, la magistrada consideró que el empresario es imputable por los delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, lavado de activos y fraude por omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones, y estimó que su libertad representaría un riesgo tanto para la seguridad de la sociedad como para el éxito de la investigación.

El traslado y las resoluciones judiciales reavivan el debate público sobre la fiscalización de la gestión empresarial y la responsabilidad penal en casos de presuntas maniobras financieras. En el mundo del fútbol, la figura de Clark como expresidente de Azul Azul añade una dimensión mediática al proceso, que sigue bajo reserva y a la espera de las diligencias que disponga el tribunal.

La jueza Paulina Moya dictó la prisión preventiva y fundamentó su decisión en que la libertad de Michael Clark "representa un peligro para la seguridad de la sociedad como para el éxito de la investigación", según consta en la resolución conocida hoy por las partes.