La acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau es polÃticamente necesaria, pero jurÃdicamente insuficiente. No sólo porque su aprobación es incierta âcomo ocurre siempre en una decisión de esta naturaleza que depende de mayorÃas y negociaciones de pasilloâ, sino porque el paÃs no está frente a una controversia polÃtica banal.
Hay hechos graves, documentados y públicamente expuestos que, al menos, revisten caracteres de delito y merecen una investigación penal exhaustiva. Lo diputados tienen en sus manos la acusación contra el exministro, lo que confirma que el asunto ya inició su cauce.
Pero ese cauce tiene lÃmites evidentes: la acusación constitucional puede establecer responsabilidad polÃtica y generar inhabilidades. Lo que no reemplaza al Ministerio Público, ni determina si existieron delitos funcionarios, falsedad documental, fraude al Fisco, prevaricación administrativa u otras responsabilidades penales.
 Chile no puede permitir que una votación polÃtica cierre la puerta a la verdad judicial, cuando los antecedentes conocidos son escalofriantes, ya que dicen relación con cifras fiscales, deuda pública, gastos no reconocidos, ingresos sobreestimados y eventuales inconsistencias entre déficit y endeudamiento, siendo los fraccionamientos de compras un modus operandi que sirvió para saltarse controles. La Dirección de Presupuestos publicó en febrero de 2026 el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025, en el que se sostuvo que la deuda bruta se habÃa mantenido en 41,7% del PIB, que para 2026 se proyectaba un déficit efectivo de 1,8% del PIB, y que la deuda se mantendrÃa bajo el nivel prudente de 45% del PIB en el mediano plazo.
También afirmó que, en materia de gasto, âse cumplió cabalmente con lo comprometidoâ.  Sin embargo, apenas unos meses después, el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2026 corrigió sustancialmente ese escenario.