Mientras el gobierno de Noruega reconoce formalmente que autorizó adopciones irregulares de niños chilenos durante la dictadura, el Estado chileno cerró la única unidad creada para investigar esos mismos casos. La paradoja quedó expuesta esta semana por la Fundación Hijos y Madres del Silencio, que denunció el desmantelamiento de la UBAFI (Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares), dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos. La instancia había funcionado apenas cuatro meses.

El cierre coincidió con la entrega a Chile de un informe de más de 750 páginas elaborado por el Comité de Investigación sobre Adopciones Internacionales de Noruega. Uno de sus capítulos está dedicado íntegramente al caso chileno: entre 1985 y 2016, 314 niños y niñas fueron enviados desde Chile a Noruega, la mayoría recién nacidos y de origen mapuche, tramitados principalmente a través del juzgado de menores de Temuco.

La fundación resumió el contraste en términos directos: "mientras un país receptor reconoce con rigor institucional los errores de su Estado, el país de origen de los niños y niñas adoptados desmantela la única unidad especializada en investigar lo ocurrido y ayudar a las familias a reencontrarse".

Las conclusiones del comité noruego son categóricas: no fue apropiado haber autorizado la mediación de adopciones en Chile mientras el país estaba bajo dictadura militar, un hecho que las propias autoridades noruegas conocían. El informe también reproduce el lenguaje con que los juzgados de la época describían a las madres de estos niños: "pobres, jóvenes, en su mayoría indígenas", atribuyendo su situación a un supuesto "atraso social y cultural".

Los patrones que describe el documento son los mismos que la fundación había recogido durante años en testimonios directos. Madres a quienes se les informó que sus hijos habían nacido muertos, sin que jamás se les entregara un cuerpo ni un certificado de defunción verificable. Familias mapuche que perdieron a sus recién nacidos sin documentación alguna. Una historia de pérdida de identidad que el Estado chileno investigó por apenas cuatro meses.

El representante legal que gestionaba las adopciones desde Chile hacia Noruega recibía hasta mil dólares por cada niño enviado al extranjero y otorgó un préstamo personal a la misma jueza que decidía qué niños podían ser declarados adoptables. Las 750 páginas de ese informe están ahora en manos del Estado chileno, que optó por cerrar la UBAFI cuatro meses después de crearla.