La oposición no pierde tiempo. Diputados miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara se reunieron este viernes para definir una estrategia conjunta, horas después de que la Contraloría General de la República (CGR) confirmara que Trinidad Steinert, exministra de Seguridad, se extralimitó en sus funciones durante su breve paso por el cargo.

El dictamen del órgano fiscalizador estableció que Steinert, quien duró apenas 69 días como ministra, solicitó de forma irregular a la Policía de Investigaciones (PDI) antecedentes de funcionarios policiales con quienes había trabajado en su etapa anterior como fiscal regional de Tarapacá. Esos registros estaban vinculados a una causa por crimen organizado.

Las consecuencias políticas se despliegan rápido. El diputado Jaime Araya, parlamentario independiente ligado al PPD (Partido por la Democracia), fue enfático: "El dictamen Steinert es gravísimo y, por lo tanto, sostuvimos esta reunión para definir los pasos a seguir". Araya anticipó que la próxima semana se reunirán con los jefes de bancada y presidentes de partido para definir acciones concretas.

Sobre la mesa hay varias opciones: comisiones especiales investigadoras, acusaciones constitucionales y acciones administrativas, políticas e incluso penales. El propio Araya fijó el estándar: actuar "con sentido de Estado" y no repetir el error de la fallida acusación constitucional contra el exministro de Economía Nicolás Grau, que terminó sin sanciones y fue vista como un golpe en falso para el Partido Republicano.

El flanco para el Ejecutivo se abre en dos frentes. Primero, la gravedad del hecho en sí: una ministra que usó el poder del Estado para acceder a información policial de una investigación de crimen organizado relacionada con personas de su entorno anterior. Segundo, el manejo comunicacional del Gobierno. El vicepresidente Claudio Alvarado, de la UDI (Unión Demócrata Independiente), calificó el actuar de Steinert como un simple "error", una respuesta que el diputado Raúl Leiva, socialista y uno de los impulsores del requerimiento ante la CGR, rechazó con dureza.

"Una ministra de Estado obró al margen del ámbito de sus competencias. Esa es la gravedad, y lo que llama profundamente la atención es que este hecho sea minimizado por el propio vicepresidente de la República", afirmó Leiva.

La próxima semana la oposición se sentará con sus jefes de bancada para decidir si el caso Steinert escala a una acusación constitucional formal. El dictamen de la CGR, que es vinculante para la administración del Estado, les entrega un respaldo legal sólido. La pregunta ya no es si actúan, sino con qué mecanismo.