El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación presentó este jueves en la Región de Magallanes su cuenta pública participativa y la hoja de ruta que guiará su gestión entre 2026 y 2030, y la ministra Ximena Lincolao, ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, anunció que el Ejecutivo enviará en las próximas semanas un nuevo proyecto de ley de inteligencia artificial que reemplazaría la iniciativa hoy en segundo trámite en el Senado de Chile.
A ocho años de su creación, en 2018, la cartera puso el acento en fortalecer capacidades científicas y tecnológicas fuera de la capital. La propuesta organiza el trabajo 2026-2030 en seis pilares: gestión ágil, trazable y eficiente; inteligencia artificial como infraestructura crítica; transferencia tecnológica; motores de innovación regional; una política integral de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación; y futuro del trabajo y talento avanzado.
En gestión, el Ministerio anunció la modernización de sistemas de postulación, rendición y seguimiento. El objetivo es avanzar en interoperabilidad, reducir plataformas, eliminar tareas manuales y mejorar la trazabilidad de recursos para disminuir la carga administrativa sobre investigadores, instituciones, docentes y funcionarios.
La ministra Ximena Lincolao subrayó la apuesta por la IA con la frase "Chile no puede limitarse a consumir inteligencia artificial, sino que también tenemos que crear con ella". No obstante, en la cuenta pública no se entregó el texto completo del proyecto legislativo, por lo que sus detalles aún no son públicos.
En 2025, la cartera ejecutó el 95% de un presupuesto de $581 mil millones, y fijó como meta alcanzar una ejecución del 100% este año. La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, conocida por sus siglas ANID, recibió 16.916 postulaciones y adjudicó 3.797 proyectos, equivalentes a una tasa de adjudicación del 22% y por un total de $556.249 millones; además se entregaron 1.428 becas de magíster, doctorado y postdoctorado, y 364 beneficios complementarios.
Políticamente, situar a la IA como infraestructura crítica implica un cambio de enfoque. Comparado con marcos internacionales, como la ley de la Unión Europea conocida como EU AI Act, que clasifica riesgos y exige obligaciones para sistemas de alto riesgo, o las guías técnicas del National Institute of Standards and Technology, el organismo nacional de estándares de Estados Unidos, Chile apunta a combinar regulación con capacitación y despliegue en regiones. Eso favorece a universidades y centros de I+D que reciben fondos y capacidades, y a regiones que buscan desconcentrar la ciencia. Sin embargo, puede aumentar la carga regulatoria para startups y pymes si no se acompaña de medidas de apoyo y carácter progresivo.
Quienes ganan con la hoja de ruta serán instituciones públicas y centros regionales que accedan a financiamiento y plataformas compartidas; quienes pueden perder son proyectos pequeños sin acceso a soporte legal y técnico, y autoridades locales si la implementación se centraliza en la capital. Para la ciudadanía, la propuesta promete más formación en habilidades digitales y mayores controles sobre usos de IA, pero faltan garantías claras sobre protección de datos y transparencia de algoritmos.
El próximo paso anunciado es que el Ejecutivo enviará el nuevo proyecto de ley de inteligencia artificial en las próximas semanas al Congreso, donde sustituiría la iniciativa actualmente en segundo trámite en el Senado. En lo presupuestario, la cartera busca cerrar 2026 con ejecución del 100% del presupuesto de $581 mil millones; en lo de gestión, la ANID mantiene la distribución de fondos señalada: 3.797 proyectos adjudicados por $556.249 millones, 1.428 becas y 364 beneficios complementarios, cifras que la ministra vinculó como base para ampliar capacidades regionales.
