Un oficio reservado que Trinidad Steinert envió a la Policía de Investigaciones (PDI) apenas dos días después de asumir como ministra de Seguridad derivó en un dictamen adverso de la Contraloría General de la República. El organismo fiscalizador determinó que la exsecretaria de Estado excedió sus facultades al solicitar información detallada de funcionarios de una brigada antinarcóticos vinculada a una causa penal en curso.
El documento está fechado el 13 de marzo de 2026, dos días después del cambio de mando presidencial. En él, Steinert pidió un informe sobre el personal de una Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado específica, relacionada con una investigación que conducía una Fiscalía Regional.
La solicitud, sin embargo, fue más allá de lo que la ley le permite a un ministro. Steinert exigió a la PDI una nómina con nombre completo, cédula de identidad y grado de cada funcionario trasladado o cesado en esa causa. También pidió que la institución explicara los fundamentos de los traslados y precisara la región, unidad de destino y cargo actual de cada integrante.
La Contraloría calificó ese nivel de detalle como un requerimiento de "datos personales, antecedentes de desempeño, administrativos y eventualmente penales de funcionarios públicos específicos". A partir de eso, concluyó que la solicitud excedía "la facultad general de requerir informes", cuyo límite es que esos informes sean necesarios para la planificación de funciones ministeriales.
El dictamen no establece sanciones para Steinert, quien ya no ejerce el cargo de ministra. La resolución concluye que, en su forma y contenido, el oficio del 13 de marzo superó los márgenes legales que habilitan a un ministro para requerir antecedentes a las policías.
