Los diputados de la bancada UDI que integran la comisión de EconomÃa de la Cámara Baja, Hotuiti Teao y Marco Antonio Sulantay, solicitaron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que evalúe presentar una querella a raÃz del lapidario informe que la ContralorÃa General de la República (CGR) dio a conocer este miércoles sobre el Censo de 2024. El ente fiscalizador reveló una serie de irregularidades cometidas por el Instituto Nacional de EstadÃsticas (INE) durante la realización del Censo 2024, entre ellas haber contratado a personas con diversos antecedentes penales y a extranjeros que tenÃan prohibido trabajar en el paÃs.

En el detalle, el organismo detectó que un total de 16 personas con antecedentes por estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas fueron contratadas como censistas, al igual que 14 extranjeros que estaban inhabilitados para trabajar en Chile. Diputados UDI piden al CDE querellarse tras informe de la CGR que expuso a censistas con antecedentes Entre estos últimos, cinco de ellos correspondÃan a exresidentes definitivos o temporales, mientras que uno, incluso, tenÃa una orden de expulsión vigente.

Cabe resaltar que lo que motivó a la ContralorÃa a derivar los antecedentes al Ministerio Público fue la identificación de 267 personas que, mientras prestaban servicios al INE para la ejecución del Censo, estaban simultáneamente contratadas en otras instituciones públicas. Asimismo, el organismo también reveló que una exasesora participó como experta en la comisión evaluadora de una licitación por $1.700 millones, pese a ser representante legal de una de las empresas intervinientes.

Por estos motivos, además de los otros antecedentes que se dieron a conocer, los parlamentarios de la UDI decidieron poner el caso en conocimiento del CDE. Esto, solicitando que pueda iniciar todas las acciones que tenga a su alcance -incluida la presentación de una querella– con el fin de perseguir las responsabilidades que pudieran existir, además de buscar la restitución de los recursos involucrados.

“Resulta absolutamente inaceptable que en un proceso de esta envergadura se hayan vulnerado controles tan básicos, como los filtros que deben aplicarse al momento de seleccionar al personal, permitiendo el ingreso de personas con antecedentes penales e, incluso, extranjeros que no estaban habilitados para trabajar o que mantenÃan órdenes de expulsión vigentes”, cuestionaron Teao y Sulantay. “Ese nivel de improvisación y de negligencia es intolerable y, por lo mismo, exige que se persigan todas las responsabilidades penales y administrativas que pudieran existir”, añadieron.