“Incentivos perversos”: la crítica mirada de exministros de Bachelet y Boric a cambios ambientales de megarreforma de Kast El principal dardo de Pablo Badenier, Marcelo Mena y Maisa Rojas va contra la idea de que el Estado tenga que reembolsar lo invertido a una empresa si un tribunal objeta su licencia ambiental, lo que genera rechazo tanto en las exautoridades como en abogados del rubro. En las otras medidas, se observa mayor apertura, recordando que en el Congreso ya hay un proyecto que incluye algunas de ellas.
Aunque la mayor discusión sobre la megarreforma presentada por el gobierno de José Antonio Kast está focalizada en los cambios tributarios que pretende realizar, el proyecto de ley incluye 9 de 45 artículos, entre permanentes y transitorios, de modificaciones a las normas ambientales que buscan acelerar los permisos para proyectos de inversión. Tras hacer una primera evaluación, exministros de Medio Ambiente de las administraciones de Michelle Bachelet y de Gabriel Boric plantearon una mirada crítica de los cambios que se pretenden llevar a cabo.
En pocas palabras, Maisa Rojas, extitular de Medio Ambiente del gobierno pasado resume que, en realidad, se trata de una reforma tributaria, Marcelo Mena, exministro en el segundo gobierno de Bachelet, sostiene que es “altamente ideológica” y busca “el desmontaje del sistema ambiental” y Pablo Badenier, también exsecretario de Estado de Bachelet II, dice que “es una mala idea” introducir cambios al sistema de evaluación ambiental en una ley miscelánea. Pero entre sus reproches, hay uno que es transversal y que apunta a la inédita obligación del Estado de reembolsar lo invertido por una empresa si un tribunal rechaza la licencia otorgada por la autoridad administrativa: la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Esto, porque coinciden en que no acelera permisos ni protege la inversión bien hecha, sino que a su juicio, sólo introduce incentivos perversos. “Es una presión indebida a los tribunales, que atenta contra la división de poderes del Estado, porque es el mismo Estado el que debe indemnizar.
Uno podría pensar que es contraproducente, porque la autoridad lo va a pensar tres o cuatro veces antes de aprobar un proyecto, sobre todo ahora que las arcas fiscales están complicadas”, reclama Maisa Rojas. “Hay una medida que en mis años trabajando en el tema nunca he escuchado que nadie pida: que el Estado pague los gastos de una empresa cuya RCA fue anulada por un tribunal es transferir al contribuyente el riesgo regulatorio que le corresponde al inversionista.