José Antonio Kast ya tiene su primer proyecto de ley minero con piso parlamentario. La Comisión de Minería de la Cámara de Diputados lo aprobó en general por 8 votos a favor y 5 abstenciones, en una sesión que evidenció las diferencias entre la oposición y el oficialismo sobre quiénes deben beneficiarse de la iniciativa.

La propuesta simplifica el sistema de postulación y establece un pago de patente minera rebajada para las concesiones de explotación. Avanza en el Congreso con suma urgencia, lo que fija hasta el 7 de julio el plazo para que los diputados presenten indicaciones.

Daniel Mas, biministro de Economía y Minería, abrió la sesión con una defensa directa de la iniciativa. "La certeza jurídica no es un beneficio para la industria, es una condición básica si queremos desatar el potencial minero de nuestro país", afirmó. Aclaró que el proyecto no rebaja estándares ni elimina obligaciones, sino que facilita el cumplimiento para quienes acreditan actividad minera efectiva.

Las cinco abstenciones vinieron de diputados que, pese a valorar el apoyo a los pequeños y medianos mineros, cuestionaron que la iniciativa también beneficia a la gran minería. Votaron así Valentina Cáceres, del Frente Amplio; Sebastián Videla, independiente vinculado al Partido Socialista; Paula Olmos, del PDG (Partido de la Gente); José Antonio Rivas, del PS, y Jorge Díaz, de la DC (Democracia Cristiana). Todos anunciaron que presentarán indicaciones para excluir a los grandes productores de los beneficios del proyecto.

Mas respondió a esa posibilidad con una advertencia: "Si están tentados en separar a los grandes de los chicos, creo que esa simplificación probablemente no se logre". La declaración revela el dilema central del proyecto: su diseño no distingue por tamaño de operación, y cambiar eso puede comprometer su objetivo.

El presidente de la comisión, el diputado nortino Cristián Tapia, independiente cercano al PPD (Partido por la Democracia), valoró el trabajo previo antes de votar. La instancia realizó sesiones especiales, incluida una de cuatro horas donde escucharon a los principales actores afectados por la normativa vigente.

El proyecto continúa su tramitación. Los diputados tienen hasta el 7 de julio para ingresar indicaciones, fecha que definirá si la ley puede simplificarse tal como propone el gobierno o si deberá distinguir entre pequeña y gran minería.