Cumbre de seguridad: los desafíos para la apuesta internacional de Chile en contra del crimen organizado Con la presión encima de mostrar resultados concretos en materia de seguridad y control fronterizo antes de la Cuenta Pública, el canciller Francisco Pérez Mackenna impulsó entre los países vecinos la idea de coordinar esfuerzos para enfrentar la expansión de las bandas dedicadas al crimen transnacional. La cumbre, que se realizó esta semana en Santiago, es sólo un primer paso en la articulación de una estrategia regional.
“Esta no es una declaración de intenciones más. Esto está planteando una dimensión operativa con la que estamos comprometidos quienes estamos acá”.
La frase del canciller boliviano Fernando Aramayo, al cierre de la cumbre de seguridad convocada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, y en la que participaron Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile, con miras a coordinar un plan de acción conjunto contra el crimen organizado transnacional, reflejó bien uno de los principales desafíos de la iniciativa impulsada por la Cancillería chilena y que este jueves dio su primer paso. Desde fines de enero, a pocos días de haber sido designado por Kast como futuro canciller, que el exejecutivo del Grupo Quiñenco Francisco Pérez Mackenna comenzó a elaborar en la Oficina del Presidente Electo (OPE) propuestas en materia de seguridad fronteriza -uno de los tres pilares que le encomendó el mandatario como parte de su gestión como jefe de la diplomacia chilena-.
Estas debían transformarse en acciones concretas y no quedar simplemente en la elaboración de diagnósticos compartidos y declaraciones de buena voluntad. La preocupación de que esta iniciativa, que compromete a cinco países sudamericanos para actuar de manera conjunta y coordinada frente al crimen organizado que afecta a la región, termine convertida en una “linda foto”, pero sin resultados concretos, rondó hasta último momento entre los cancilleres y ministros responsables de la seguridad de los cinco países que se juntaron el jueves en Santiago, en el Salón O’Higgins, en el segundo piso de la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, para concordar las prioridades que debía contener la hoja de ruta que suscribieron y que los obliga, con plazos y responsables definidos, a seguir avanzando de manera conjunta.
En el recuerdo estaba la cumbre de seguridad convocada por el gobierno de Gabriel Boric el 18 de abril de 2024, en el marco del llamado Consenso de Brasilia, y que reunió en Santiago a representantes de los países sudamericanos y del Caribe con el mismo objetivo: “Establecer mecanismos efectivos para el combate conjunto del crimen organizado”. Una cumbre que congregó en esa oportunidad a un alto número de países, con visiones y líneas políticas muy diferentes, pero que compartían un diagnóstico similar y que se mantiene vigente hasta hoy: que ningún país por sí solo es capaz de enfrentar los delitos cometidos por las bandas de crimen organizado transfronterizo.