Un timbre de goma falsificado, una firma ilegible o un talonario en blanco extraviado. Durante décadas, hemos tolerado que la seguridad de nuestro sistema sanitario dependa de la vulnerabilidad de un simple pedazo de papel, alimentando la falsificación y el mercado negro de medicamentos.
Por eso, la reciente aprobación en el Senado del proyecto que busca hacer obligatoria la receta médica electrónica es una excelente noticia que llega con urgencia. Quienes hemos estado a cargo del abastecimiento estratégico del Estado y conocemos de cerca la cadena de suministro farmacológico, sabemos que esto no es un capricho digital.
Exigir estándares técnicos para verificar la prescripción médica es cerrar una llave de paso al fraude y proteger la fe pública. Pero si hoy aplaudimos que una receta deje de ser un papel suelto para convertirse en un dato seguro e inalterable, la pregunta cae de cajón: ¿por qué no exigimos exactamente ese mismo estándar para el cuidado integral de los pacientes que hoy son atendidos fuera de un recinto clínico tradicional?
Nuestro sistema de salud está bajo una presión estructural evidente. Las listas de espera y el déficit crítico de camas nos obligan a entender que el edificio del hospital ya no es la única respuesta.
En ese contexto, el modelo de Hospital at Home se ha consolidado rápidamente como la solución más eficiente para liberar camas y entregar continuidad asistencial a pacientes de mediana y alta complejidad. Sin embargo, trasladar a un médico y sus equipos a una casa no sirve de nada si operamos a ciegas o en la informalidad.