El Senado interrumpe este martes su semana regional para resolver el destino político de Nicolás Grau, exministro de Hacienda del presidente Gabriel Boric, en una sesión extraordinaria que pondrá punto final a la acusación constitucional (AC) presentada en su contra.

La Cámara de Diputados aprobó el libelo el pasado 23 de junio, con votos de la oposición y del Partido de la Gente (PDG). Ahora, la Sala del Senado deberá pronunciarse sobre si absuelve o condena a quien fuera el principal responsable de las cuentas fiscales del país.

Pero detrás de la votación de hoy late un debate que excede a Grau: ¿para qué sirve realmente la AC en la democracia chilena? Desde el retorno al gobierno civil, se han presentado 51 acusaciones constitucionales, incluida la del exministro. Tanto figuras de izquierda como de derecha han reconocido, con los años, que el mecanismo se ha convertido en un arma de revancha más que en una herramienta real de fiscalización.

La primera AC del período democrático la estrenó Renovación Nacional (RN) en 1991, contra Germán Correa, ministro de Transportes del entonces presidente Patricio Aylwin, socialista y símbolo de la transición. Fue rechazada, como ha ocurrido con la gran mayoría de estas iniciativas a lo largo de las últimas décadas.

Patricio Zapata, abogado defensor de Grau, conoce el oficio desde adentro. A inicios del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ejerció el mismo rol en la tercera AC del período democrático, cuando la Unión Demócrata Independiente (UDI) acusó a los exministros de Hacienda y Minería de Aylwin, Alejandro Foxley y Alejandro Hales, ambos militantes de la Democracia Cristiana (DC). Esa acusación también fue rechazada.

Un grupo de abogados ha construido una práctica casi especializada en este tipo de defensas. Francisco Cox, socio del estudio BCP Abogados, representó a tres ministros acusados constitucionalmente: Diego Pardow, Marcela Cubillos y Marco Antonio Ávila, con resultado favorable en todos los casos. Claudia Sarmiento y Elisa Walker, del estudio Sarmiento, Walker & García, repartieron el trabajo: Walker patrocinó a la exministra del Interior Izkia Siches, mientras Sarmiento representó al exministro Giorgio Jackson. El mismo estudio participó en la defensa de Maya Fernández. Ciro Colombara, por su parte, defendió a la senadora Jacqueline van Rysselberghe.

La controversia que rodea al caso Grau nació antes que la acusación misma. Fue el Partido Nacional Libertario (PNL) quien la impulsó, generando una fractura visible dentro de la derecha. Figuras de distintos sectores coincidieron en que el mecanismo se utilizaba con fines más electorales que institucionales, algo que los abogados con experiencia en estas defensas confirman con preocupación.

El veredicto del Senado se conocerá en las próximas horas.