La Macrozona Norte de Chile atravesó durante la última media década una crisis migratoria severa. El desierto de Tarapacá se convirtió en la ruta de ingreso de decenas de miles de personas sin documentación, muchas de ellas venezolanas, que cruzaban hacia el país por pasos clandestinos. Hoy, ese flujo muestra una caída histórica.

El último Informe Estadístico Migratorio de la Policía de Investigaciones (PDI), que cubre el periodo enero-mayo de 2026, registró 964 detecciones de extranjeros ingresados por pasos no habilitados en la frontera norte, según informó BioBío Chile. La cifra representa una caída del 86% frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 6.957 casos.

La dimensión del cambio se entiende mejor mirando el punto más alto de la crisis. Entre enero y mayo de 2022, la PDI llegó a contabilizar 14.861 accesos irregulares en la zona norte. Colchane, una pequeña localidad de 1.500 habitantes en la Región de Tarapacá, se transformó en ese entonces en el eje de un debate político transversal: sus servicios colapsaron y los campamentos improvisados proliferaron en sus calles. Cuatro años después, esa misma región anota una baja del 88% en las detecciones, desde 6.680 a 772 casos.

Las causas del giro apuntan en dos direcciones. La primera es regional: el 3 de enero de 2026, un operativo financiado por Estados Unidos capturó en Caracas a Nicolás Maduro, expresidente venezolano, hecho que alteró de manera significativa la dinámica migratoria desde ese país, principal fuente de migrantes irregulares en la frontera norte durante los últimos años. La segunda causa es doméstica: el 11 de marzo, la administración de José Antonio Kast asumió el Ejecutivo e instruyó un reforzamiento de las directrices de seguridad fronteriza, priorizando la ejecución de expulsiones y el control territorial.

Los números de la PDI muestran además un aumento en la actividad fiscalizadora. En los primeros cinco meses del año se fiscalizó a 21.871 extranjeros a nivel nacional, un 37% más que en 2025, cifra lograda con apenas un 23% de incremento en los operativos policiales. Las expulsiones también aumentaron: de 478 a 808 casos, un alza del 69%.