La Fiscalía de Las Condes investigó durante meses a un grupo de delincuentes que entraba a condominios del barrio alto de Santiago sin usar violencia, cargaba maletas con objetos de alto valor y se marchaba sin que nadie los detuviera. El engaño era tan elaborado que las asesoras del hogar, convencidas de actuar por instrucción de los dueños de casa, les entregaban las pertenencias más valiosas.

Las víctimas incluían directivos del Banco Central, la institución que conduce la política monetaria del país, y al menos un condenado del Caso Penta, el megaescándalo de financiamiento ilegal de campañas que involucró al grupo financiero Penta entre 2014 y 2015.

El esquema partía siempre con una llamada telefónica. Los delincuentes se hacían pasar por hijos o parientes de los dueños de casa y describían una urgencia: un embargo inminente, una crisis financiera, la necesidad de mover rápido los objetos de valor. Le pedían a la asesora del hogar que los apartara para "resguardarlos". Minutos después llegaba alguien a retirarlos.

"Es mucho más que un cuento del tío, porque es una historia demasiado elaborada y con mucho dato de precisión", explicó la fiscal Carmen Gloria Guevara a Reportajes T13, el programa de Canal 13 que reveló el caso. El inspector Adrián Lincopán, de la Brigada de Robos Oriente de la Policía de Investigaciones (PDI), confirmó que los delincuentes "se hacían pasar por residentes que tenían algún problema, ya sea financiero o de embargo".

En uno de los episodios captados por cámaras de seguridad, un hombre bien vestido llega a un condominio, conversa con la trabajadora, pide un carro de supermercado y comienza a cargar maletas. Nadie lo detiene. Nunca fue el dueño de casa.

La pieza central del esquema era Luis Vidal Flores, el líder de la banda, quien coordinaba los operativos desde el interior de un recinto penitenciario, donde cumple una condena que se extiende hasta 2043. Desde la cárcel realizaba las llamadas haciéndose pasar por familiares de las víctimas, entregando a sus cómplices los datos precisos para actuar de forma convincente.

El resultado acumulado de los robos superó los $630 millones en especies. La investigación sigue abierta en la Fiscalía de Las Condes.