El senador Diego Ibáñez y la senadora Beatriz Sánchez, presentaron 105 indicaciones al proyecto de ley que regula el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, con el objetivo de restringir su alcance, establecer condiciones más estrictas para su aplicación y resguardar los derechos de las víctimas. La iniciativa, actualmente en tramitación en el Senado, propone permitir que determinadas personas condenadas puedan cumplir el resto de su pena en reclusión domiciliaria total bajo ciertas condiciones.
Sin embargo, según explicó el parlamentario, el texto original presenta vacíos que podrían abrir espacio para que personas condenadas por delitos extremadamente graves accedan a este beneficio. “Lo más eficiente es indicar para impedir que se aplique a violadores de derechos humanos o a criminales que han cometido delitos sexuales, pedofilia, secuestro, entre otros.
Creemos que este debate no es la urgencia de la ciudadanía. Hoy la gente no le está pidiendo a este presidente ni a la derecha que manden a los criminales a sus casas, sino que, al contrario, lo que se está pidiendo es más seguridad.
Y este proyecto, así como está, es un atentado a la seguridad pública,” señaló el senador FA, Diego Ibáñez. El senador presentó más de 80 indicaciones para reformular el proyecto y establecer que la reclusión domiciliaria sea una medida excepcional y estrictamente regulada.
Entre las modificaciones propuestas se establece la exclusión expresa de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, además de restricciones para delitos graves contra las personas, incluidos delitos sexuales y casos de violencia de género. Las indicaciones también elevan los requisitos médicos y jurídicos para acceder al beneficio, incorporan monitoreo telemático obligatorio y supervisión permanente por parte de Gendarmería, y fortalecen la participación de las víctimas en el procedimiento judicial.