Arica y Parinacota es la región del país más expuesta a la nueva regulación para el transporte por aplicación. Un estudio del Centro UC, publicado por Diario Financiero, identificó a esta zona como la más vulnerable frente al reglamento de la Ley EAT, sigla de Empresa de Aplicaciones de Transporte, conocida popularmente como Ley Uber, que regula el funcionamiento de plataformas como Uber y Cabify en Chile.
El factor determinante es la antigüedad del parque vehicular. El reglamento establecería un tope de años de fabricación para los autos habilitados a operar en estas aplicaciones, y en Arica el 83% de los conductores activos trabaja con vehículos que superan ese límite. En una ciudad fronteriza donde el costo de adquirir un auto nuevo es elevado y el acceso a crédito más restringido, muchos choferes dependen de modelos con varios años de uso para generar sus ingresos.
Las consecuencias sobre el servicio serían inmediatas. Con ocho de cada diez conductores fuera del sistema, la oferta de viajes caería de forma abrupta, los tiempos de espera subirían y los usuarios enfrentarían una menor disponibilidad de opciones. Arica no cuenta con la misma red de transporte colectivo que ciudades del centro del país, lo que hace que las plataformas de aplicación sean parte importante de la movilidad diaria de sus habitantes.
El reglamento, sin embargo, aún no está publicado. El Ministerio de Transportes postergó su entrada en vigor luego de que el ministro designado Louis de Grange pidiera tiempo para revisar ajustes. Esa pausa podría modificar los requisitos de antigüedad vehicular antes de que la norma sea definitiva. Pero mientras eso no ocurra, los conductores ariqueños que no pueden costear un auto más nuevo siguen sin saber si podrán seguir trabajando.